El ejemplo de Nayib Bukele

La modernidad es, por creces, una etapa del desarrollo humano mucho mejor que las del pasado. Hemos logrado adelantos médicos y tecnológicos en general que han hecho de nuestras vidas una existencia más placentera que la de nuestros antepasados. Algunas de estas invenciones han sido diseñadas específicamente para organizar nuestras sociedades, así los derechos humanos y las normas de convivencia que en el último siglo hemos adoptado nos protegen ante eventos desafortunados y abusos de terceros. A pesar de este avance, cuando las mafias organizadas, redes criminales y niveles altos de corrupción someten a una sociedad las normas de convivencia modernas se vuelven incapaces de resguardar el orden y de protegernos, quedan, por tanto, limitadas u obsoletas. En situaciones extremas las normas, en lugar de proteger a las personas de bien, resultan siendo el escudo perfecto de los malhechores. Esto es lo que pasó en El Salvador y por lo que nuevas acciones fueron necesarias para pacificar al país. 

Cuando Nayib Bukele ganó la presidencia de El Salvador (2019), el país se hallaba inmerso en una crisis de seguridad sin igual. Las pandillas, como Mara Salvatrucha o Barrio 18, cuyos orígenes se rastrean hasta Los Ángeles (EE.UU:), habían echado raíces en lo más profundo de la sociedad salvadoreña y habían impuesto sus propias reglas a la población. Estas agrupaciones que rendían culto a la muerte, pues tenían rituales de iniciación que exigían asesinatos, reclutaron jóvenes en situación de vulnerabilidad y controlaban grandes extensiones del país, llegando a extorsionar a los habitantes bajo su influencia e incluso cobrándoles para permitirles entrar a sus propias casas, recorrer ciertas calles, acceder a agua o luz. Todo esto sin contar el tráfico de drogas y la violencia descarnada. Fue gracias a Bukele que hoy el país está libre del terror de las pandillas.

Para barrer con la podredumbre, el año 2019 Bukele y su equipo diseñaron un plan de acción que consta de siete fases conocido como Plan de Control Territorial. Este plan incluye el Estado de emergencia, arrestos masivos, programas educativos para jóvenes, modernización del equipo militar y policial, la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), programas de apoyo a los adultos mayores y revisión constante de las fases. Su accionar impresionó al mundo. Las tropas salvadoreñas cercaron distritos enteros e iniciaron una cacería casa por casa con apoyo de drones con visión térmica para captar imágenes desde lo alto y a profundidad. 50 mil pandilleros y acusados de pandillaje fueron capturados. Destaca la construcción del CECOT, una impresionable prisión en la que los reos fueron aislados de la sociedad y retenidos bajo normas con las que jamás volverían a delinquir. Ahora, estas últimas semanas el presidente salvadoreño ha iniciado una operación para la liberación de Haití del yugo de las pandillas que habían hecho del país el reino del caos. 

El esfuerzo de Bukele no fue sencillo. La aplicación del plan le valió desencuentros con la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. Ambas instituciones asumieron una oposición irreflexiva aduciendo su lucha por el respeto de la formalidad legal y de los “derechos humanos”, además de su rechazo a los castigos severos. En efecto, la crítica no fue solo local. Organizaciones internacionales y oenegés rápidamente cuestionaron la supuesta erosión de los valores democráticos, el abuso de poder y la “tortura” de los pobres pandilleros. La respuesta de Bukele fue siempre la acción directa y una frase que resume sus principios: “priorizar la protección de los derechos humanos de las personas honradas”. 

Los gobiernos existen para aumentar el bienestar de sus ciudadanos. En principio, los procesos y ficciones legales (ambos de ahora en adelante solo procedimientos) sirven para proteger a todas las personas, ya sean buenos o malos ciudadanos. Los procesos legales en su forma actual (conocidos como debido proceso) sirven para evitar que buenas personas sean juzgadas como malas, es decir, garantizar su inocencia. Las ficciones legales, como los derechos humanos, sirven para proteger también a los malos, al garantizar que no se les aplicarán castigos excesivos. Es decir, los procedimientos en general protegen a buenos y malos por igual. En esto podríamos estar todos de acuerdo, al menos en situaciones de convivencia normales. No obstante, en situaciones extremas las bases de la convivencia se erosionan, ya sea por corrupción o incapacidad de acción de las instituciones. El Estado deja de garantizar el bienestar de todos y debe hacer lo posible para proteger a los ciudadanos honrados, que son la mayoría. Para conseguirlo los procedimientos legales deben modificarse. Esto no es algo desmesurado, pues a esto se debe que existan estados de emergencia. 

Modificar los procedimientos requiere de acciones rápidas y eficaces a nivel teórico moral, para justificar condiciones que adecuen las ficciones al contexto de emergencia, y a nivel jurídico técnico para darle forma a nuevos procesos legales en estas situaciones. Sobre las ficciones, es importante modificar las bases de los castigos y de los DDHH. Desde las teorías aceptadas de la ética de matar, existen condiciones por las que un individuo puede ser objetivo de violencia letal. Un caso se da cuando matar a alguien genera un bien mayor, por ejemplo, la eliminación de Abu Bakr Al Baghdadi (líder del grupo terrorista Estado Islámico). Otro asunto relevante para nuestra columna ocurre cuando alguien ha cometido acciones que comprometen su condición de inviolabilidad moral, por ejemplo, la legítima defensa. Si estas situaciones aplican para la muerte, a fortiori, lo serían castigos más severos. Es decir, si en estas condiciones aplica la pena más grave como la muerte, con mayor razón es justificable lo menos grave. Es posible, entonces, modificar las bases de los DDHH para casos en que es moralmente justificable la aplicación de violencia (castigos, violencia disuasiva o letal defensiva). En lugar de creer que el estatus moral, aquello que fundamenta los DDHH, es siempre inviolable, podríamos considerarlo una gradiente que depende de las acciones del sujeto. 

Replantear los procedimientos en condiciones extremas, como la que se vive en El Salvador o Haití, no solo requiere de la consideración ética de que los delincuentes han hecho cosas que los pone en situación de vulnerabilidad, sino incluir también dimensiones complementarias aceptadas en ética analítica para los castigos. Si por sus acciones el sujeto puede ser objetivo de alguna forma de violencia, entonces puede ser objeto de castigos severos. Para estos casos, los castigos deben cumplir funciones adicionales a los planteados en la Constitución (reinserción o rehabilitación), sino que deben ser ejemplares para desincentivar a terceros de cometer esos delitos, para condicionar al sujeto y para remediar el daño causado. Bajo estos dos presupuestos es posible aplicar castigos más estrictos a los que delinquen, pues por sus acciones, sus derechos se ven afectados. 

El problema con los activistas y las oenegés es que han fijado tanto su atención en los procedimientos que funcionan en condiciones convencionales que intentan aplicarlos a situaciones extremas y, al hacerlo, perpetúan la incapacidad del Estado para poner orden o benefician más a los delincuentes. En otras palabras, al sacralizar los procedimientos para tiempos de paz, terminan ignorando el objetivo principal de la sociedad: proteger el bienestar de los ciudadanos honrados. Esto ocurre con el CECOT. Es usual escuchar de este sector que las políticas carcelarias salvadoreñas son excesivas. Para ellos, las condiciones de vida dentro del CECOT violan los DD.HH. Sin embargo, esto es una trampa. Recuerden que estos activistas han sido incapaces de adaptar sus mismos procedimientos a casos extremos, pensando que incluso en tiempos críticos deben y pueden funcionar de la misma manera que en tiempos de paz o convivencia pacífica. 

Los procedimientos funcionan, pero se evidencian sus limitaciones en situaciones extremas. En estos contextos, como el de El Salvador o incluso Haití, replantear los procedimientos se vuelve un imperativo para seguir protegiendo el bienestar de las personas. Por esta razón, las acciones de Bukele son un ejemplo para la humanidad. Bukele supo diferenciar entre ciudadanos honrados y criminales. Aceptó que por sus acciones las personas pueden ser castigadas severamente. Supo priorizar el bienestar de los ciudadanos honrados antes que el de los criminales. Ahora toca aguardar los resultados de la intervención salvadoreña en Haití, pues así se podrá visibilizar si su modelo puede aplicarse en otros contextos. De momento sus avances han sido exitosos, a diferencia de las tantas misiones internacionales pasadas que no lograron nada. Vemos que las acciones de Bukele son un recordatorio de que el procedimiento no importa más que el bienestar de las personas honradas.