La minería ilegal amenaza el futuro económico de Cajamarca

La minería ilegal avanza en Cajamarca mediante nuevas modalidades de captación de terrenos comunales y reclutamiento de trabajadores. Según Víctor Cusquisiban, director regional de Energía y Minas, organizaciones criminales están ingresando a las comunidades presentándose como empresarios y financistas, ofreciendo capital y logística para desarrollar explotaciones ilícitas. El funcionario advirtió que estas bandas, algunas procedentes de Pataz y Quiruvilca, operan en localidades como Sorochuco y otras zonas de la región, desplazando maquinaria pesada y volquetes para incrementar la extracción de minerales. La advertencia revela un problema que trasciende el ámbito de la seguridad: Cajamarca podría comprometer sus posibilidades de desarrollo económico si permite que estas organizaciones ocupen los territorios donde debería consolidarse una minería formal y productiva.

La preocupación resulta particularmente importante porque Cajamarca alberga algunos de los mayores recursos cupríferos del país, pero continúa registrando elevados niveles de pobreza. Un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) permite dimensionar el costo económico de postergar las inversiones mineras. Entre 2008 y 2024, las demoras de Tía María, Los Chancas y Michiquillay representaron S/ 13,095 millones en inversiones que no llegaron a ejecutarse y S/ 123,012 millones en producción que dejó de generarse. Asimismo, las regiones involucradas dejaron de percibir aproximadamente S/ 50,782 millones en ingresos fiscales.

En Cajamarca, la paradoja es todavía más evidente. Proyectos como Conga, Galeno, La Granja, Cañariaco Norte y Michiquillay conforman una cartera de inversiones potenciales superior a los US$ 16,000 millones. Sin embargo, buena parte de esta riqueza permanece bajo tierra. Cada año de retraso significa menos puestos de trabajo, menos oportunidades para los proveedores regionales, menores ingresos tributarios y menos recursos para financiar infraestructura, educación y servicios públicos.

El contexto internacional hace más importante aprovechar esta oportunidad. El cobre es indispensable para la electrificación, las energías renovables, las redes de transmisión y las nuevas tecnologías. Representa cerca del 30% de las exportaciones peruanas y su demanda mundial continuará creciendo durante las próximas décadas. El Perú cuenta con reservas importantes y experiencia minera, pero necesita transformar esas ventajas en proyectos concretos. Cajamarca podría desempeñar un papel decisivo en ese proceso.

Si sus principales yacimientos entraran en producción, la región tendría capacidad para aportar alrededor de 1.5 millones de toneladas métricas adicionales de cobre anuales, un volumen equivalente a cerca del 60% de la producción nacional actual. No se trataría solamente de incorporar nuevas operaciones mineras, sino de modificar la dimensión de la economía regional y su participación en el crecimiento del país.

En ese escenario, Michiquillay ocupa una posición especialmente relevante. Adjudicado a Southern Perú, este proyecto contempla una inversión aproximada de US$ 2,000 millones y una producción estimada de 225,000 toneladas métricas de cobre al año. Su entrada en operaciones permitiría incrementar en casi 10% la producción cuprífera nacional. Sin embargo, el calendario original, que proyectaba el inicio de actividades para 2016, ha quedado largamente superado. Según las estimaciones recogidas por el IPE, su desarrollo productivo recién se concretaría después de 2030.

El retraso de Michiquillay representa mucho más que la postergación de una inversión minera. Alrededor de una operación de esta magnitud se desarrolla una extensa actividad empresarial que comprende transporte, construcción, energía, mantenimiento, metalmecánica, servicios tecnológicos y abastecimiento de insumos. También se generan empleos directos e indirectos y oportunidades para que las empresas locales se incorporen a cadenas productivas de mayor escala. Todo ese movimiento económico permanece pendiente mientras el proyecto no se materialice.

Por eso, Michiquillay debería convertirse en uno de los ejes de una estrategia regional de desarrollo. Su importancia no radica únicamente en la extracción de cobre, sino en la posibilidad de impulsar una red de empresas proveedoras, formar trabajadores especializados, mejorar la infraestructura y ampliar la capacidad productiva de Cajamarca. Los beneficios de una inversión de esta naturaleza pueden extenderse mucho más allá de los límites de la propia operación minera.

Aquí aparece la relación entre el avance de la minería ilegal y el futuro de los grandes proyectos. La expansión de organizaciones criminales, la ocupación irregular de terrenos y la utilización de comunidades para desarrollar actividades ilícitas deterioran las condiciones de seguridad y legalidad que necesita cualquier inversión de largo plazo. Además, la extracción informal no genera los mismos encadenamientos productivos, obligaciones tributarias ni estándares de responsabilidad que corresponden a una operación formal. La presencia de capitales criminales también puede provocar conflictos y debilitar la autoridad del Estado.

Cajabamba, Algamarca, Sorochuco, Tandayoc, Hualgayoc, Chugur, El Sinchao y San Ignacio son algunas de las localidades señaladas por la Dirección Regional de Energía y Minas como zonas de incidencia de estas actividades. La respuesta exige coordinación entre las autoridades nacionales, regionales y locales, además de mecanismos efectivos para impedir que las organizaciones criminales consoliden su presencia.

Cajamarca tiene ante sí dos realidades que no deberían confundirse: una enorme riqueza cuprífera capaz de transformar su economía y una minería ilegal cuya expansión amenaza las condiciones necesarias para aprovecharla. El desafío consiste en recuperar la legalidad, proteger las inversiones y convertir proyectos como Michiquillay en oportunidades concretas de empleo, producción y prosperidad. La riqueza mineral existe; lo que está en juego es la capacidad de la región para convertirla en desarrollo.