¿Se extenderá el Reinfo más allá del 2026?

La pregunta que titula la columna es un ejercicio de lo que podría pasar. ¿Podría ampliarse el Reinfo más allá del 2026? Todo indica que sí. El tema no es solo político e ideológico, sino además técnico. Veamos.

El Reinfo tiene dos grandes “cuellos de botella”. Una primera tiene que ver con respecto a los denominados instrumentos de gestión ambiental (IGAFOM). Este es un documento técnico, reducido al máximo, al punto que parece más a una declaración jurada simple y sencilla. El detalle es que para revisar los instrumentos de gestión ambiental se necesita de profesionales altamente competentes y conocedores del tema. Un IGAFOM permite mitigar y reducir los posibles impactos ambientales de la minería pequeña, mediana y artesanal. Este es un cuello de botella, no obstante que es relativamente sencillo de realizar; pero es difícil de evaluar. 

El otro cuello de botella, y mucho más sensible, son los llamados acuerdos de explotación entre el concesionario y el minero informal. Este sí es un tema punzante, porque tanto el concesionario como el informal se ponen de acuerdo para establecer un acuerdo, aunque existen dudas por parte de ambos lados. El concesionario prefiere hacer acuerdos extralegales con el informal porque no confía en el minero. Para poner un ejemplo: de los 31565 reinfos actuales solo 1,800 firmaron acuerdos de explotación, en los últimos seis meses. Este documento, vale decir, es imprescindible para que el minero informal termine su proceso de formalización y sea eliminado del registro. 

Sin embargo, aquí se van a originar todo tipo de propuestas. Algunos consideran que como el concesionario “no utiliza” sus concesiones, entonces el informal debe obtenerlo. Para ello algunos candidatos ya empiezan a decir que se necesita una “servidumbre minera” contra el acaparamiento y las tierras ociosas. Por eso, la concesión debe ser para quien la trabaja.

Aquí está el punto central de que el proceso de formalización sea un fracaso. ¿Cómo se pueden poner de acuerdo? Primero, es imposible que el Estado “obligue” al concesionario a ponerse de acuerdo. Eso sería contravenir las leyes y no respetar el derecho a una concesión. Por tanto, deben formularse varias soluciones, entre ellas darle seguridad jurídica al concesionario para que pueda firmar estos contratos de explotación.

Aunque suene inverosímil, hoy el concesionario no tiene la seguridad para llegar a firmar estos acuerdos con el informal por la sencilla razón de que este último puede apelar a cualquier tipo de leguleyada para quedarse con dicha concesión. Asimismo, hay más de 70,000 concesiones sin derechos habilitados; es decir, que hay muchas concesiones que se pueden colocar en el mercado. El asunto aquí es que el minero informal no tiene la información para acceder. Por ello creo que de no ponerse de acuerdo entre el informal y el concesionario, es altamente probable que la ampliación del Reinfo pase el año 2026 y se extienda.