La dictadura de la opinión y la distorsión de nuestra realidad

Las líneas que siguen probablemente no serán del agrado de la mayoría. Sin embargo, considero importante reflexionar sobre ellas como ciudadanos y electores, especialmente en estos momentos, frente a las profundas distorsiones que nos imponen los medios de comunicación e, incluso, ciertos organismos internacionales.

Hace unos días, fuimos testigos de cómo una abogada y periodista recriminaba abiertamente al senador Gavidia y a Ricardo Belmont por sus posturas políticas favorables a delegar facultades al Ejecutivo. El tono de la entrevista fue de una hostilidad flagrante, como si ejercer la política fuese un crimen o un delito. Esto ocurre a pesar de que nuestra Constitución señala expresamente que «los senadores y diputados representan a la Nación, sin estar sujetos a mandato imperativo, interpelación ni a responsabilidad por las opiniones y votos emitidos en el desempeño de su cargo».

Tras observar este intercambio, cabe preguntarse: ¿A qué responde ese trato hostil? ¿Acaso la función de un político no es, precisamente, hacer política? Si no fuera así, ¿para qué acudirían entonces al Parlamento? Una cosa muy distinta es que estos personajes actúen en contra de lo que el entrevistador considera correcto. En ese escenario, más allá de las justificaciones que cada quien ofrezca y de la postura periodística que se adopte, no existe derecho alguno a promover un linchamiento público basado únicamente en la discrepancia. Independientemente del grado de simpatía que podamos sentir por estos políticos, tenemos que respetar sus decisiones.

Lamentablemente, el verdadero problema radica precisamente ahí: existe una corriente de opinólogos que se autoproclaman portadores y defensores de una supuesta moral superior. Pretenden que toda la ciudadanía se alinee con su particular entendimiento de lo «justo» o lo «correcto». Y si algún miembro de su propio círculo queda en evidencia, activan de inmediato un espíritu de cuerpo para desviar la atención, distorsionar el mensaje original o resaltar episodios de vehemencia del pasado con el propósito de encubrir las verdades que hoy los desacreditan. La palabra rectificación, sencillamente, no existe en su vocabulario.

Si esto parece una exageración, basta con extrapolar el fenómeno a la ONU, un organismo cada vez más devaluado y frecuentemente instrumentalizado para imponer agendas ideológicas de manera arbitraria. Al revisar su lista de derechos fundamentales, observamos que la «dignidad» ocupa el primer lugar (artículos 1 y 2), mientras que el derecho a la vida aparece recién en el artículo 3, sin que exista una mención expresa al concebido. En contraste, nuestra Constitución sitúa la vida como el primer derecho fundamental de la persona e incluye explícitamente al concebido en ese mismo párrafo. ¿Cuál es el trasfondo? Bajo el amparo del concepto abstracto de «dignidad», con el tiempo pretenderán validar solapadamente el aborto mediante extensas campañas orientadas a forzar una reforma constitucional, invocando nuestra adhesión a pactos internacionales y presentando al Estado peruano y a los defensores de la vida por nacer como retrógrados.

Volviendo a nuestra distorsionada realidad local, la consigna mediática de moda es descalificar al Gobierno a como dé lugar (el cual, ciertamente, hace muy poco por demostrar su eficiencia). Bajo esta lógica, los líderes de opinión califican de «insuficiente» el pedido de la presidenta para que la población evacúe las zonas inundables o las quebradas de riesgo ante la inminente llegada del fenómeno El Niño. Argumentan que no se ofrece una «solución real» y que el Ejecutivo debería, en su lugar, habilitar albergues seguros. Aunque, en teoría, la propuesta suena razonable, la pregunta que cae por su propio peso es: ¿A quién le expropiamos los terrenos o quién financia su adquisición en zonas seguras para construir dichos albergues? La población no ocupa irregularmente estas áreas por desconocimiento del peligro. Además, ¿por qué tendríamos que exigir que el Gobierno afecte arbitrariamente los derechos de propiedad de terceros? Es previsible que, una vez instalados en esos albergues —que ninguna administración anterior previó, a pesar de las lecciones de la historia—, los nuevos ocupantes se nieguen a retirarse y mucho menos quieran regresar a sus lugares de origen. Peor aún, ninguna reubicación urbana masiva puede planearse ni ejecutarse en apenas 90 días. ¿O sí?

No perdamos de vista que buena parte del perjuicio y la victimización de los sectores vulnerables proviene precisamente de este discurso facilista y carente de rigor analítico, difundido por personajes que lucran con el sufrimiento ajeno desde la comodidad de sus escritorios o incluso desde el extranjero. A esos mismos inquisidores que tanto critican a los políticos por no actuar de acuerdo con sus dogmas personales habría que confrontarlos con algunas preguntas: ¿No se dan cuenta de que imponer soluciones a costa de los derechos de terceros no significa otra cosa que cambiar un problema por otro? ¿O es que el concepto de democracia ha cambiado en ciertas facultades universitarias? ¡Cualquiera puede ser negacionista cuando no tiene que sufrir las consecuencias de su propio discurso!