El Perú debe saber con qué cuenta

Las lluvias han dejado atrás el tiempo de las advertencias y han abierto el de las respuestas concretas. Frente al fenómeno de El Niño, la pregunta ya no es únicamente qué podría ocurrir, sino qué tan preparado está el Estado para enfrentar sus consecuencias. Porque la capacidad de reacción de un gobierno no se mide por sus declaraciones ni por los presupuestos anunciados, sino por los recursos que efectivamente tiene disponibles para proteger a la población.

Entre el 27 y el 28 de octubre, la estación El Salto, en Tumbes, registró 102 milímetros de lluvia en apenas 24 horas. Posteriormente, el desborde del río Zarumilla y la activación de quebradas provocaron el aislamiento de poblaciones y daños en viviendas, carreteras, centros educativos y establecimientos de salud. Los reportes oficiales dan cuenta de afectaciones en Aguas Verdes, Zarumilla, Tumbes, Corrales y Pampas de Hospital. El 4 de noviembre, nuevas precipitaciones ocasionaron el desborde de las quebradas El Tablazo y Bocapán.

La situación resulta especialmente preocupante porque la Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre sectores sin protección suficiente, trabajos de descolmatación inconclusos y deficiencias en las defensas ribereñas. Incluso identificó aproximadamente un kilómetro sin protección adecuada en la quebrada Cruz Blanca. Estas observaciones obligan a preguntar qué medidas se adoptaron, cuáles continúan pendientes y qué instituciones deben responder por su ejecución.

Es cierto que el Estado ha desplegado brigadas militares, motobombas y un hospital de campaña. Asimismo, el Congreso aprobó un crédito suplementario de hasta S/ 8.228,4 millones, dentro del cual S/ 702,9 millones corresponden específicamente al componente destinado a prevenir los efectos de El Niño. Sin embargo, autorizar recursos no significa garantizar que estos se traduzcan en capacidad operativa. Entre aprobar un presupuesto y conseguir que una motobomba funcione existe una cadena de responsabilidades que debe ser transparente.

Por ello, el país necesita la publicación inmediata de un Mapa Nacional de Capacidad de Reacción. Un instrumento que permita conocer, región por región, cuántas excavadoras, motobombas, cisternas, ambulancias y hospitales de campaña están disponibles; dónde se encuentran; si funcionan; qué personal tienen asignado y cuánto tiempo tomaría movilizarlos.

También debe identificar las reservas de medicamentos, alimentos, albergues y medios de evacuación, así como las brechas existentes y las entidades responsables de resolverlas. Una máquina sin combustible, una ambulancia sin disponibilidad o un almacén sin transporte no representan una respuesta efectiva.

La transparencia no debilita al Estado: lo fortalece. Permite coordinar mejor los distintos niveles de gobierno, facilita la fiscalización y brinda a las familias información sobre los servicios de emergencia disponibles. La ciudadanía no necesita otra lista de promesas, sino información que pueda contrastar.

Ante una emergencia, cada minuto cuenta. El Perú debe saber con qué recursos cuenta, dónde están y quién responde por ellos. Porque cuando una familia queda aislada bajo la lluvia, un presupuesto no reemplaza a una brigada ni una declaración sustituye a una motobomba. La verdadera medida de la preparación del Estado es cuánto tarda la ayuda en llegar.