La indolencia como política de Estado

En el Perú los desastres naturales no son únicamente fenómenos climáticos; son, ante todo, el síntoma más elocuente de la incompetencia y la desidia política. Durante más de cuatro décadas, la recurrencia de El Niño ha funcionado como un espejo implacable que devuelve la imagen de un Estado reactivo, negligente y estructuralmente incapaz de romper el ciclo de la fatalidad.

Las cifras de nuestra historia reciente son una bofetada a la memoria institucional. El evento de 1982-1983 devastó más de 113,000 hectáreas de cultivo, destruyó 1685 kilómetros de carreteras y devoró el equivalente al 11.6% del PBI nacional. Quince años después, el colapso de 1997-1998 volvió a paralizar 23 departamentos con pérdidas estimadas en 3.500 millones de dólares. En 2017 El Niño costero cobró 159 vidas y dejó a casi 1.4 millones de peruanos en la precariedad absoluta. Cuatro décadas de lecciones ignoradas resumen la misma tragedia: el agua desborda las quebradas, arrasa escuelas y bloquea caminos mientras la clase gobernante improvisa carpas y discursos.

La pregunta de fondo no es si podemos frenar a la naturaleza —un imposible evidente—, sino hasta cuándo seguiremos normalizando la inacción como costo aceptable de gobierno. En el Perú contemporáneo, la tragedia humana y económica ya no puede justificarse por falta de aviso ni por escasez de recursos técnicos.

El país cuenta con solvencia científica en instituciones como el ENFEN y el Senamhi. Sin embargo, existe una fractura insalvable entre el dato técnico y la voluntad política. Mientras la ciencia alerta, la gestión pública se atrinchera en presupuestos subejecutados y burocracias territoriales desconectadas. Hoy en día, herramientas como la inteligencia artificial, las imágenes satelitales y los sensores de caudal permiten predecir con exactitud qué quebradas se activarán y qué puentes colapsarán. Los modelos predictivos hacen posible saber qué comunidades quedarán incomunicadas mucho antes de la primera lluvia torrencial.

Contar con esta tecnología y no articularla a nivel ministerial, regional y local constituye una omisión imperdonable. Las alertas geolocalizadas a teléfonos móviles y la asignación anticipada de maquinaria pesada no deben depender del escándalo mediático ni del oportunismo electoral, sino de protocolos rigurosos de prevención territorial.

Gobernar no es apagar incendios con cheques de emergencia ni posar en helicópteros sobre zonas inundadas; gobernar es anticipar el peligro para proteger a los más vulnerables. Cada nuevo Niño coloca al país ante una disyuntiva moral y política: perpetuar el lucrativo e ineficiente negocio de la reconstrucción eterna o imponer una gestión pública guiada por la ciencia, la transparencia y la rendición de cuentas. El Niño volverá, pero insistir en la improvisación ya no es ingenuidad: es una negligencia deliberada que cuesta vidas.