La mala política y el avance de la minería ilegal

En las últimas décadas una de las discusiones que ha desatado la situación del Perú es la conocida teoría de las cuerdas separadas, según la cual la crisis endémica de la política avanzaba en sentido contrario a los logros y avances del modelo económico. En estas reflexiones siempre se preveía que, en algún momento, la situación de las cuerdas separadas iba a afectar la salud de la economía. Desde el gobierno de Pedro Castillo, a pesar de no haberse desmontado el modelo en su integridad, la mala política ha comenzado a erosionar de gravedad a la economía.

Y quizá una de las mayores expresiones de esa destrucción de los avances de la economía por la mala política es la virtual tolerancia del Estado de derecho, de las instituciones del sistema de justicia, de los políticos y de las bancadas legislativas con respecto a la minería ilegal. 

Las discusiones sobre la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo, del sector Energía y Minas), que han terminado en la extensión por un año más del mencionado registro –falta la segunda votación en el Legislativo– forman parte de esa realidad. Los políticos dudan y calculan sobre la urgencia que tiene el Estado de derecho de hacer cumplir la Constitución y la ley frente a los mineros ilegales que invaden concesiones mineras formales y se apropian de las reservas probadas de mineral que logran las empresas formales, luego de años y hasta décadas de exploración. 

En el corredor minero del sur, en donde se produce cerca del 40% del cobre nacional, varias empresas de talla mundial, con inversiones que van desde los US$ 1200 millones hasta los US$ 10,000 millones, tienen parte de sus concesiones invadidas por mineros ilegales que extraen el mineral a vista y paciencia de las instituciones del Estado de derecho, con la tolerancia de los políticos que, paradójicamente, contuvieron el golpe de Pedro Castillo. ¿Cómo hemos llegado a esta situación?

¿Acaso los políticos no saben que el modelo económico, basado en la inversión privada, que multiplicó el PBI y redujo la pobreza como nunca en la historia, tiene en la minería moderna a una de sus columnas centrales? Las sucesivas ampliaciones del Reinfo son una herida de gravedad para la minería moderna porque exonera de las consecuencias penales a quienes invaden y asaltan concesiones formales.

La minería ilegal es una amenaza formidable para el Estado de derecho no solo porque la producción ilegal de oro y cobre ya sobrepasa a todas las demás economías ilegales (más de US$ 12,000 millones, superando al narcotráfico, la tala ilegal y otras actividades), sino porque pretende tener un rostro social, una careta social, para encubrir la acumulación de unidades económicas grandes –iguales a las de cualquier formal– que no pagan impuestos, no generan empleo formal y destruyen el medio ambiente con consecuencias en el mediano y largo plazo.

Por todas estas consideraciones las bancadas del Legislativo que defienden el sistema constitucional, el sistema de propiedad en el país y consideran que la minería moderna es fundamental para el desarrollo, de ninguna manera, deben seguir tolerando a la minería ilegal. Y de ninguna manera deben aceptar el regreso de los 50,000 excluidos del Reinfo por tener sus inscripciones suspendidas durante varios años, y tampoco deben eliminar las prohibiciones para participar en cualquier proceso de formalización minera: no deben eliminar la prohibición para pertenecer al registro a quienes tengan sentencia firme por minería ilegal y lavado de activos según el Decreto Legislativo N. 1106 y tampoco las prohibiciones para quienes realicen actividades mineras en zonas arqueológicas y zonas con protección especial para la flora y la fauna. 

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