Editorial Economía

El Estado que fracasa, el modelo y la informalidad que no cesa

Reflexiones sobre los problemas acumulados del crecimiento

El Estado que fracasa, el modelo y la informalidad que no cesa
  • 11 de diciembre del 2025


A propósito de las reformas económicas de Javier Milei, la izquierda argentina ha comenzado a hablar del modelo peruano basado en la libertad y disciplina económicas, pero rodeado de dos tercios de informalidad en la economía. A partir de esta constatación la izquierda gaucha señala que el modelo peruano es inviable en la Argentina porque existe una gran extensión de clases medias, y convivir con semejantes volúmenes de informalidad es acabar con la estructura social. A partir de allí se propone todo el libreto intervencionista del Estado e, incluso, se cargan con la idea de un banco central con autonomía constitucional.

Y efectivamente, el llamado modelo peruano –basado en la desregulación de mercados y precios, el papel subsidiario del Estado frente al sector privado, el respeto irrestricto de los contratos y la propiedad privada y la autonomía del BCR– ha avanzado con un nivel de informalidad económica y social que supera el 60% de la economía y la sociedad. El Perú tiene un volumen de reservas internacionales que casi suma un tercio del PBI y no hay nada parecido a las urgencias macroeconómicas de Argentina, Bolivia o Venezuela, debidas al efecto devastador del modelo de sustitución de importaciones.

Sin embargo, la eficiencia de la macroeconomía peruana se ha estrellado con el surgimiento de un Estado burocrático, que se ha convertido en el peor enemigo de la sociedad, la economía, la inversión privada y los mercados. A estos hechos se suma una legislación tributaria que establece una presión excesiva sobre el tercio de empresas y personas naturales –de la economía nacional–, que cargan con el peso de la tributación. Una carga que algunos pretenden incrementar frente al crecimiento del Estado burocrático. Igualmente, la especie de estabilidad laboral que ha establecido el Tribunal Constitucional atenta contra cualquier proceso de formalización del empleo.

Si a estos hechos le sumamos el fallido proceso de descentralización, que ha multiplicado por 24 regiones los problemas del Estado burocrático, entonces tenemos la perfecta descripción del llamado modelo económico peruano: una economía desregulada y un BCR autónomo por mandatos constitucionales, pero un Estado convertido en uno de los peores de la región en cuanto a tamaño y burocracia. El problema del llamado modelo peruano entonces está en el Estado, en la intervención estatal y de ninguna manera en los mercados y la libertad de precios.

De alguna manera el papel negativo y destructivo del Estado burocrático frente al papel constructivo de los mercados reproduce la famosa tesis de las cuerdas separadas en política y economía: el crecimiento económico continúa a pesar de la crisis endémica de la política nacional que ha acumulado siete jefes de Estado en un periodo en que debió haber solo dos, y una erosión general de la institucionalidad.

En la campaña electoral que ya ha comenzado los candidatos de la centro derecha, los movimientos de buena voluntad que pretenden lo mejor para el país, de una u otra manera, deberían focalizarse en la reforma del Estado burocrático, en el fin del Estado del papel y de la sobrerregulación, de los ministerios y las oficinas interminables, con el objeto de construir un Estado pequeño, simplificado, que se transforme en servidor de las iniciativas creadoras de la sociedad y el sector privado como las únicas fuentes de creación de riqueza. Para alcanzar ese objetivo, simplemente, se debe tener buena voluntad.

En síntesis, la izquierda argentina acierta cuando señala que el modelo peruano está rodeado de una informalidad inaceptable. Sin embargo, se equivoca de principio a fin cuando se sostiene que la informalidad se debe a la falta de Estado, a la ausencia de intervención del Estado. En el Perú todos los problemas del modelo e, incluso, de la propia política y de los partidos, se debe a la excesiva intervención del Estado.

  • 11 de diciembre del 2025

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