La urgente reforma laboral que se necesita en el Perú

El Perú es un país que, en términos culturales, está condenado a la informalidad, sostienen algunos sociólogos de la izquierda. Con esta apreciación se nos quiere señalar que la sociedad peruana culturalmente está distante de la posibilidad del capitalismo. Sin embargo, los peruanos que migran al exterior, sobre todo a los Estados Unidos, suelen triunfar en medio de una legalidad e institucionalidad estricta. ¿Por qué? La informalidad poco tiene que ver con nuestra cultura. Se trata de una consecuencia de la aplicación del derecho en la economía.

Alrededor del 60% de la economía y la sociedad participa de algún nivel de informalidad, porque el Estado peruano –a pesar del espíritu desregulador de la Constitución de 1993– se ha convertido en uno de los más burocráticos de la región con la multiplicación de ministerios, oficinas y sobrerregulaciones. El Estado se parece mucho a los ex estados de la fenecida Unión Soviética, en el sentido que el burócrata está empoderado sobre la sociedad y el sector privado,

Si consideramos la legislación tributaria y el sistema laboral –al lado del Estado burocrático -entonces encontramos la explicación precisa de por qué más del 80% de las unidades económicas (micro y pequeñas) participa de la informalidad. En cifras gruesas en el país solo 20% de las empresas son formales y casi todas ellas son grandes empresas, corporaciones o medianas empresas por encima del promedio. En el Perú no existe un amplio sector de empresas medianas, tal como sucede en todas las economías de ingreso medio. Es el mundo de la grandes y las pequeñas informales, el escenario ideal y perfecto para el discurso de los grandes contra los chicos, para el discurso de la lucha de clases del marxismo.

Una de las causas de esta situación es el régimen laboral que –según diversos rankings mundiales– está considerado entre los diez más sobrerregulados del planeta. En el país existe una especie de estabilidad laboral absoluta –que solo existe en las economías colectivizadas– desde el año 2001, cuando el Tribunal Constitucional estableció que el trabajador despedido tiene derecho a recuperar el puesto de trabajo antes que la indemnización correspondiente. El resultado: el 75% de los empleos es informal.

Desde la mencionada sentencia del TC, en Perú los políticos y los diferentes gobiernos han desdeñado la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo, que es uno de los principios rectores de las legislaciones laborales de los países desarrollados que han alcanzado el pleno empleo y la prosperidad de los trabajadores. Paradójicamente los trabajadores de países con estabilidad laboral emigran ilegalmente a los países con plena flexibilidad laboral. Algo también relevante: en los mercados populares, en donde las micro y pequeñas empresas proveen el 80% del empleo –pero de manera informal–, también existe la plena flexibilidad laboral.

La ley económica de este tipo de regulación es que a mayor estabilidad laboral más informalidad y pobreza en general. La estabilidad laboral solo es posible en unidades económicas que no dependen de la productividad y la rentabilidad en los mercados. Es decir, solo es posible en empresas estatales que se manejan con criterios políticos, al margen de la productividad económica.

El avance de estas tesis de corte marxista en la legislación laboral nacional no se ha detenido en los últimos años. Por ejemplo, luego de la derogatoria de la pasada Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) se creó un bono especial para el trabajador agrario (BETA) que establecía que el salario agrario debía tener una bonificación del 30% sobre la remuneración mínima vital. El objetivo era claro: acabar con el régimen de flexibilidad laboral en los contratos de trabajo en el agro que habían posibilitado incrementar el empleo formal de 460,000 (entre directos e indirectos) en el 2004 a más de 1.5 millones en la actualidad. Y de alguna manera los enemigos de los trabajadores comienzan a conseguir sus terribles objetivos con la dramática disminución del empleo formal.

Es evidente, pues, que el Perú necesita una urgente reforma laboral que consagre la plena flexibilidad en los contratos de trabajo.