La inversión privada, enemigo mortal de la pobreza

A pesar de las bajas tasas de crecimiento de los últimos años (alrededor del 3% del PBI) la pobreza sigue retrocediendo. Un hecho que revela una verdad incuestionable: que solo la inversión privada posibilita eliminar este flagelo. Si el Perú creciera sobre el 6%, como lo hacía en la primera década del nuevo milenio, se podría reducir la pobreza entre tres y cuatro puntos anuales. En otras palabras, ya se habrían recuperado los logros antes de la pandemia cuando la pobreza se redujo a 20% de la población.

En 2025 la pobreza monetaria se redujo de 26.7% a 25.7% de la población. Más de 567,000 peruanos salieron de esa condición en el año. Sin embargo, el promedio nacional oculta una realidad: los departamentos con menor pobreza son también aquellos donde la inversión privada ha logrado consolidar actividades productivas capaces de generar empleo formal, elevar ingresos y dinamizar las economías locales. En el extremo opuesto, las regiones con mayor pobreza siguen enfrentando una escasa llegada de capital privado, menor desarrollo empresarial y una limitada diversificación económica.

Los datos del INEI muestran con claridad esa diferencia. Ica registró la menor tasa de pobreza del país, con apenas 4,5%; seguido por Madre de Dios (7,3%), Moquegua (7,8%), Arequipa (12,8%) y Junín (13,5%). En contraste, Cajamarca alcanzó 41%, Loreto 40,1%; Puno 37,5%; Pasco 36,4% y Huánuco 35,7%. La distancia entre ambos grupos supera los 30 puntos porcentuales y responde a diferencias estructurales en la capacidad para atraer inversión, crear empresas y generar empleo productivo.

Ica es un paradigma de los procesos constructivos de inversión. Durante las últimas dos décadas concentró grandes inversiones agroexportadoras que transformaron extensas zonas desérticas en uno de los principales polos agrícolas del continente. Empresas dedicadas a la producción de uvas, arándanos, paltas, cítricos y espárragos instalaron infraestructura de riego tecnificado, plantas de procesamiento y cadenas logísticas orientadas a la exportación. Ese proceso convirtió a la región en uno de los mayores generadores de empleo, alcanzando la situación de pleno empleo. Los salarios agrarios en esa región superan el promedio de la remuneración mínima vital. En 2025 Ica concentró el 18% de las agroexportaciones nacionales, generando gran parte de los más de dos millones de puestos de trabajo de este sector a nivel nacional.

Moquegua es otro ejemplo de la relación positiva de la inversión como factor de reducción de pobreza. La región concentra algunos de los proyectos mineros más importantes del país, tales  como Quellaveco y Cuajone. La inversión minera impulsó el empleo, la contratación de proveedores locales, la infraestructura, mayores ingresos fiscales mediante canon y una de las rentas familiares más altas del Perú. La minería moderna moviliza una extensa cadena de servicios, transporte, construcción, mantenimiento e innovación que multiplica el impacto económico mucho más allá de la extracción del mineral.

Arequipa comparte esa dinámica. La presencia de grandes operaciones mineras, una sólida base industrial, un importante sector comercial y un turismo consolidado alrededor del Valle de Colca y su patrimonio histórico han permitido construir una economía diversificada. Junín combina minería, agricultura comercial, manufactura y comercio.

Por otro lado, a menos inversión privada, mayores niveles de pobreza. Cajamarca posee enormes recursos mineros, pero la paralización de grandes proyectos de inversión y la minería ilegal redujeron la llegada de capitales, limitando la creación de empleo y frenando el desarrollo de cadenas productivas. Loreto enfrenta elevados costos logísticos, aislamiento geográfico, escasa infraestructura vial y menor integración con los mercados nacionales, factores que elevan el costo de invertir. Puno, Pasco y Huánuco mantienen economías con alta dependencia de actividades de baja productividad, predominio de la informalidad y limitada presencia de grandes inversiones capaces de transformar su estructura económica.

La evidencia confirma que la inversión privada produce un efecto multiplicador. Cada proyecto demanda trabajadores, contrata proveedores e impulsa el transporte, los servicios financieros, el comercio, el hospedaje y la alimentación. El aumento de los ingresos familiares incrementa el consumo, fortalece los negocios locales y amplía la recaudación tributaria, permitiendo financiar infraestructura y servicios públicos que elevan la calidad de vida.

En síntesis, reducir la pobreza exige ampliar ese círculo virtuoso. La estabilidad jurídica, la seguridad, la infraestructura, la simplificación de trámites y la promoción de grandes inversiones constituyen condiciones indispensables para que más regiones repliquen las experiencias de Ica, Moquegua o Arequipa. Así pues, la reducción sostenible de la pobreza no depende de programas asistenciales, sino que requiere una economía capaz de atraer capital, generar empleo formal y ofrecer oportunidades permanentes para millones de peruanos. Allí donde la inversión privada encuentra condiciones para crecer, la pobreza comienza a retroceder de manera consistente.