El gobierno de transición de José Jerí y ...
Las primeras decisiones de José Jerí luego de asumir el poder y frente a la incomprensible movilización del 15 de octubre –sobre todo porque sus promotores siempre exigieron la vacancia de Dina Boluarte–, se puede sostener que fueron sorprendentes. Horas después de asumir el poder, sin gabinete todavía, José Jerí –en mangas de camisa, a lo Bukele– visitó varios penales mientras avezados delincuentes, sentados y con las rodillas subidas, generaban una imagen de sumisión ante la autoridad. Una imagen poderosa que marcó el desarrollo de los acontecimientos.
Más tarde, el nuevo mandatario se reunió con los gobernadores, alcaldes y los gremios de los transportistas y, de repente, la movilización del 15 de octubre pasado empezó a desinflarse. Luego convocó a Ernesto Álvarez y a un gabinete –con varios viceministros en ejercicio– que, a la luz de la situación, se podría señalar que es lo mejor que se podía convocar habida cuenta del inicio de la campaña electoral. Sin embargo, una imagen comenzaba a grabarse en la retina de los peruanos, desmoralizando a sus potenciales adversarios: existía un jefe de Estado presente, actuando. Ya no había la ausencia larga de Dina Boluarte.
Ante la provocación de unas vanguardias –absolutamente minoritarias– a la marcha de alrededor de 5,000 ciudadanos y la batalla campal que se desató en el Parque Universitario por cerca de 200 delincuentes, el Ejecutivo asistió con una decisión: demostrar que existen minorías que desatan violencia y buscan quebrar todos los principios del Estado de derecho. Una decisión que implicaba enviar a los policías desarmados como carne de cañón y los resultados son aterradores: una de las mayores masacres de policías (cerca de 90 heridos) que fue transmitida y registrada por las cámaras de municipalidad de Lima, a pesar de la propaganda progresista y de algunos medios nacionales e internacionales.
El disparo y la muerte de un civil por un suboficial de la PNP, cuando éste era perseguido por una turba, es el hecho que veló por un momento uno de los mayores castigos que se ha propinado a la policía nacional en América Latina. A los progresistas de siempre y a las supuestas oenegés que defienden Derechos Humanos habría que decirles que lo único que se ha criminalizado en el Perú es a la policía.
Una estrategia dolorosa, inaceptable, para las esposas y los hijos de las familias que recibirán hombres inválidos y mutilados, sobre todo cuando existe un comando policial más interesado en congraciarse con los medios y evitarse problemas. Sin embargo, la acción delincuencial de los vándalos, casi estamos seguros, ha terminado con el nuevo auge de masas que pretendía organizar la izquierda marxista. En ese sentido, se necesita identificar, procesar y sentenciar a todos los delincuentes que fueron grabados y capturados en flagrancia, tal como ordena la Constitución y la ley.
Asimismo, el Ejecutivo comenzó a tomar decisiones inteligentes en el plano económico. Por ejemplo, se removió a Alejandro Narváez de la presidencia del directorio de Petroperú enviando una poderosa señal acerca de que el gasto público y el despilfarro de los recursos no seguirá expandiéndose, y que el objetivo es preservar la estabilidad fiscal. Por otro lado, el Ministerio de Energía y Minas autorizó el inicio de las actividades de explotación del proyecto de cobre Tía María en Arequipa y, de esta manera, se enviaba un mensaje poderoso: vuelve al Perú el ciclo de nuevas inversiones de cobre. Tremenda y extraordinaria noticia.
En síntesis, en muy poco tiempo la administración Jerí parece resolver el gran problema de la democracia peruana, desde que Pedro Castillo llegará al gobierno: el vacío de poder. Un vacío que es la principal causa del desborde criminal y la imposibilidad de unificar la acción de las instituciones del Estado de derecho. E igualmente, con Jerí, retorna el gesto político, esa herramienta clásica de las grandes escuelas políticas que no existe en la vida pública peruana de la última década.
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