La minería ilegal echa mano del populismo minero

El dictamen de la comisión de Energía y Minas del Congreso que amplía la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 2027 y establece la posibilidad de la reincorporación de 50,000 excluidos –por tener más de cuatro años de suspensión– del señalado registro ha desatado una intensa campaña que pretende enfrentar a los pequeños mineros con los grandes, con las corporaciones que, supuestamente, especulan y acaparan las concesiones. Según estas narrativas, las pequeñas unidades no pueden avanzar porque las grandes concesiones ya controlan la mayoría de las reservas de minerales.

Semejante argumento se desploma ante un dato incuestionable: apenas el 14% del territorio nacional corresponde a las concesiones mineras. En otras palabras, el 86% del territorio es un espacio posible para cualquier emprendedor. Otro de los hechos que pulveriza el intento de enfrentar a pequeñas con grandes unidades en minería es que la mayor conflictividad sin visos de solución se presenta en un área que corresponde al 10% de las concesiones formales. En otras palabras, las invasiones y asaltos de concesiones –sobre todo en corredor minero del sur– solo pueden solucionarse aplicando la Constitución y la ley. Es decir, desalojando a los invasores de la propiedad privada. No hay otra alternativa, a menos que el Estado de derecho se derrumbe y se quiebre el sistema de propiedad en la minería, una de las columnas centrales del modelo económico.

En las invasiones de concesiones pequeñas, al parecer, no hay mayor problema porque los propietarios están dispuestos a firmar contratos con los informales y buscar una salida dentro del Estado de derecho. Un caso muy diferente es el de la minería ilegal en parques nacionales y zonas reservadas para preservar la flora y fauna: solo queda la expulsión y la aplicación de la ley.

El supuesto conflicto social entonces solo es visible en las concesiones formales de las principales minas de cobre en el corredor minero del sur y en la provincia de Pataz, en La Libertad. En el sur salen en promedio 300 camiones diarios transportando el mineral ilegal y en Pataz se movilizan alrededor de 12,000 camiones anuales.

La continuidad del Reinfo, un registro transitorio que se convierte en permanente por las sucesivas ampliaciones de plazo, es la coartada perfecta para los mineros ilegales que han invadido concesiones formales, porque la pertenencia a este registro los exonera de las severas responsabilidades penales que acarrea cometer el delito de minería ilegal. Los exonera de las penas y les permite prolongar sus actividades delictivas: es decir, robar las reservas probadas de mineral que las empresas formales han logrado luego de años de incesante exploración. De allí la enorme preocupación que causa el dictamen de la comisión de Energía y Minas del Legislativo que, incluso, ha eliminado prohibiciones centrales para pertenecer al Reinfo.

Por ejemplo, ya no existe la prohibición de pertenecer al registro para los sentenciados –de manera firme– por lavado de activos y minería ilegal de acuerdo al Decreto Legislativo 1106 y sus respectivas modificatorias. Tampoco están prohibidos de pertenecer al registro quienes desarrollan minería en zonas arqueológicas, reservas territoriales, zonas y parques nacionales y reservas indígenas, donde se ha establecido una protección especial para la flora y la fauna. Asimismo, no hay prohibiciones para quienes ocupen áreas de proyectos adjudicados o en zonas de promoción de la inversión privada, según lista del sector de Energía y Minas y Proinversión.

¿Qué puede estar sucediendo entonces en la política peruana para que las bancadas legislativas comiencen a dudar sobre la necesidad de proteger a la minería moderna en el Perú? Las cosas están claras frente al intento de crear una falsa contradicción entre pequeños mineros versus grandes. En realidad, la contradicción está entre invasores que asaltan y violan derechos de propiedad versus empresas formales. Finalmente, los invasores que se disfrazan de pequeños mineros o de comunidades siempre responden a un acopiador grande que, generalmente, maquilla la producción ilegal y exporta el mineral robado.