Crisis migratoria y soberanía: El desafío de las fronteras peruanas

La imagen es inquietante: un gobierno vecino insinúa la posibilidad de expulsar masivamente a migrantes indocumentados, y al otro lado de la frontera, un país limítrofe refuerza su presencia militar ante la llegada creciente de personas temerosas de lo que podría venir. No es el guion de un thriller político; es la realidad que hoy se vive entre Chile y Perú. Aunque Chile aún no ha aplicado ninguna medida, el solo anuncio de un candidato presidencial con un discurso de expulsión ha bastado para que cientos de migrantes venezolanos comiencen a abandonar el territorio chileno, huyendo de una amenaza que todavía no se materializa. El Perú, en consecuencia, ya enfrenta una crisis que nació incluso antes de que exista una decisión oficial.

Si mañana Chile decidiera aplicar expulsiones formales y Perú respondiera militarizando plenamente su frontera sur, como ya ensaya parcialmente, el impacto humanitario y diplomático sería devastador. Tacna podría verse desbordada; las tensiones regionales, avivadas; y la capacidad del Estado peruano, nuevamente puesta a prueba. No sería un fenómeno nuevo: recordaría las fracturas vividas en el periodo de PPK, cuando el desborde migratorio superó la capacidad institucional y permitió que redes criminales transnacionales aprovecharan el caos.

Este escenario, aunque dramático, revela una verdad ineludible: las crisis migratorias masivas son y seguirán siendo uno de los desafíos más complejos de nuestro siglo. La historia reciente demuestra que las decisiones unilaterales y punitivas no disuaden ni solucionan, sino que multiplican el sufrimiento humano, empujan a miles hacia la irregularidad y fortalecen redes ilícitas dedicadas al tráfico, la trata y la explotación. El éxodo venezolano —uno de los mayores de la historia contemporánea— continúa recordándonos que ningún país, por solidario que sea, puede absorber indefinidamente flujos migratorios abruptos sin planificación.

A pesar de ello, algunos modelos exitosos emergen como brújula. La experiencia colombiana con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) demostró que la regularización masiva no es una concesión débil, sino una herramienta estratégica: integra a los migrantes en la economía formal, reduce la informalidad, mejora la salud pública y permite al Estado anticipar demandas, recaudar y planificar. Cuando el migrante sale de la sombra de la irregularidad, el país también gana.

El “mejor tratamiento” para estas conmociones globales descansa en la diplomacia proactiva, la cooperación regional y un compromiso firme con los derechos humanos. ACNUR y la OIM son aliados indispensables, aportando experiencia técnica y coordinando respuestas humanitarias. La movilización militar puede funcionar como control temporal, pero sin una estrategia diplomática clara solo incrementa la tensión y alimenta discursos de miedo.

Mirando hacia adelante, el cambio climático, los conflictos persistentes y la desigualdad global anuncian mayores desplazamientos. La próxima crisis migratoria no es una posibilidad: es una certeza. La pregunta es si Perú y Chile, junto con la región, decidirán enfrentarla con inteligencia y cooperación, o repetirán el ciclo de decisiones unilaterales que terminan desbordando fronteras y deshumanizando vidas.

Un futuro más estable dependerá de nuestra capacidad colectiva para anticipar, coordinar y actuar con compasión y realismo. La elección, como siempre, es nuestra.