La suma que siempre resta

El pasado 14 de enero, la Federación de Trabajadores Petroleros, de Energía y Afines del Perú, liderada por su secretario general Rafael Noblecilla, anunció una huelga de 72 horas que se iniciaría el lunes 19. Según la dirigencia, la crisis interna que atraviesa la empresa estatal Petroperú se debe principalmente a las tensiones entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas por liderar el proceso de “privatización” iniciado con el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, del pasado 31 de diciembre. En dicho decreto, el Ejecutivo establece la necesidad de adoptar medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la reorganización patrimonial de Petroperú, con la finalidad de garantizar la continuidad de la cadena de producción.

Estos son los hechos. Y al encontrarnos en un contexto electoral, lo que viene ocurriendo con la empresa estatal ha sido utilizado como bandera por distintos partidos políticos. La postura frente a una eventual privatización es la que ha generado diversas reacciones en la población. Estar a favor o en contra de que una empresa de administración estatal sea privatizada va más allá de la coyuntura político-económica actual.

Petroperú es una empresa que viene reportando números en rojo desde hace muchos años. No habría forma de que haya podido sobrevivir tanto tiempo sin las constantes inyecciones de capital que el Estado peruano le ha proporcionado a lo largo de su existencia. Esto genera consecuencias negativas en varios sentidos, pero el principal problema es que se ha generalizado una idea muy peligrosa: la supuesta “necesidad” de sostener a Petroperú a cualquier costo.

Si una empresa que fabrica televisores, como los gigantes surcoreanos Samsung o LG, no ofrece un producto que satisfaga las exigencias del mercado, puede desplegar mayores esfuerzos para mejorar en precio, calidad de imagen, conectividad, entre otros aspectos. Estos esfuerzos implican acciones concretas que van desde estudios de mercado para medir la preferencia de los consumidores hasta inversiones en innovación y tecnología en cada fase del proceso productivo.

Incluso con toda la inversión que una empresa pueda realizar para competir y posicionarse, nunca deja de enfrentar riesgos. La posibilidad del fracaso o de la quiebra siempre está presente, porque se trata de las preferencias de las personas, algo relativo y cambiante. No existen garantías. Y aquí aparece el punto central: una inversión privada tiene resultados privados. Si hay pérdidas o ganancias, no existe un tercero que asuma esas consecuencias.

Teniendo claro el escenario natural que enfrenta cualquier empresario, ¿qué ocurre con Petroperú al tener titularidad estatal? El factor riesgo prácticamente desaparece, ya que casi ninguna mala decisión tiene un costo real. Por ello, frente a problemas de insolvencia patrimonial, falta de liquidez, incapacidad operativa, deficiencias logísticas y una larga lista de fallas, la única solución que suele contemplar el directorio es una nueva inyección de capital. Un salvavidas que se paga con dinero público y cuya carga termina asumiendo el peruano de a pie.

Y aquí ni siquiera estamos ante un problema de oferta. No se trata de que el combustible sea caro o de mala calidad, aunque eso también pueda discutirse. Se trata de una empresa insolvente, incapaz de garantizar la continuidad de su propia cadena de producción. Petroperú, en condiciones normales, habría quebrado hace muchos años, y quizá eso no sea tan negativo como advierten políticos, técnicos, académicos y figuras públicas de izquierda frente a una eventual privatización.

¿Los precios del combustible se dispararían? Probablemente no. El mercado ajustaría los precios y, para que ese ajuste no afecte de forma tan adversa el bolsillo de la población, resulta clave la existencia de competidores directos como Repsol, Primax y PBF. ¿Cientos de trabajadores serían despedidos? Es posible que sí. Aquellos considerados menos necesarios para optimizar el proceso productivo, algo que es habitual en el mundo empresarial. La privatización de Petroperú no solo es necesaria para romper un círculo vicioso y costoso que se repite año tras año, sino que terminará siendo inevitable. En economía no existen rescates infinitos con recursos finitos. Es solo cuestión de tiempo. La diferencia es que, si ocurre hoy, dejamos de pagarlo mañana.