Carlos Adrianzén
El porqué del desastre gasífero
Corrupción, falta de regulaciones e ineficacia gubernamental
A muy pocos días de iniciarse el proceso de Elecciones Generales 2026 –hasta ahora caracterizado por la escasísima lucidez de las ideas económicas y políticas discutidas– se inició un desastre en Camisea. Nótese, esta calamidad se da -ante la justificada alarma- por una seria fuga en el ducto que transporta el gas de Camisea a la costa. Per se, este cuadro implicó el estallido de una bomba económica en los mercados locales. Para terminar de complicarlo todo, se da en medio de la persistente elevación del precio del petróleo en los mercados globales, dada la guerra estadounidense e israelí contra el hiper equipado bastión mayor del terrorismo global.
Las llamas en el ducto paralelo, afortunadamente, ya se habían consumido. Hoy miércoles, la deflagración de gas permanecía activa (léase: ardiendo) en el kilómetro 43. Este cuadro desata dos grandes interrogantes. Ninguna más pequeña que la otra. Por un lado, estarían los cuestionamientos frente a nuestras capacidades reales –no las puramente retóricas– para enfrentar una elevación elevada y sostenida del precio del petróleo y los patrones del gasto de absorción global frente al evento. Algo, dicho sea de paso, para nada inverosímil, dada la escala del conflicto y sus posibles múltiples fuentes de complicación.
Por otro lado, estaría la pregunta compuesta asociada al título de este artículo. ¿Qué pasó? O ¿por qué sucedió algo que nunca debió pasar–dado lo abultado y superpuesto de las entidades gubernamentales remuneradas para anticiparlo y/o evitarlo–?... y también ¿por qué no existió un efectivo Plan B que impidiese el costo social asociado? Y paralelamente ¿Por qué existe un silencio penoso –con visos de complicidad– respecto a identificar responsabilidades, incluso desde el grueso de la prensa local?
De hecho, la propia relevancia de esta última interrogante compuesta, devela un serio problema institucional en el país y sobre nuestra capacidad concreta para alcanzar alguna vez un mayor nivel de desarrollo económico. A pesar de lo complejo de las preguntas, sus respuestas enfocan –al menos– cuatro planos meridianos. Estos se grafican sobre datos. Cuatro gráficos que nos recuerdan lo que no queremos ver y –hasta lo diría sin ambages– nos resistimos a ver.
El síndrome del candidato Lopez-Chau
Vivimos en un ambiente de Corrupción Burocrática rampante que implica los niveles de pobreza, inestabilidad y subdesarrollo relativo que hoy nos caracteriza. Y esto no solo nos lo recuerda cualquier publicación sobre comparaciones globales de prostitución institucional (i.e. Transparencia Internacional o los estimados de gobernanza estatal publicados por el Banco Mundial). Hirientemente, nos la recuerda la abundante y desvergonzada justificación –o mal llamada comprensión respecto– a la Corrupción Burocrática en el país.
Llegados a este punto, nada mejor que un ejemplo emblemático. Me refiero al caso del Candidato regio de la caviarada local, el ex rector Alfonso López-Chau. Este personaje repite –suelto de huesos– que en las discusiones sobre corrupción burocrática no debemos olvidar que nadie roba en su propia casa. Ergo que la corrupción burocrática no sería tan mala. Pero la propiedad pública no es nuestra casa. Es propiedad ajena. Debemos respetarla. Usar recursos públicos, como servidor estatal, en beneficio propio, es pura corrupción. Es un delito.
Nadie tiene derecho a tomar un sueldo público si no es capaz de justificar holgadamente el uso de los recursos. Por más que el tunante de marras resulte muy popular y elegido. Si no es capaz, no debió postular. Y si a pesar de esto resulta electo; por su propia conciencia, debe inmediatamente abandonar el cargo y sus beneficios. De hecho, soy consciente que sostener esto en un ambiente donde miles de personajes aspiran a ser elegidos por las prebendas, puede despertar las carcajadas de estos aventureros.
Para graficar con datos peruanos por qué se da el desastre de Camisea entendamos (ver Dato 1) la postración institucional en la que vivimos en comparación con naciones con burocracia mucho más decente como Suecia, Suiza o Singapur. Ellos no solo son diez veces más desarrollados, allá la burocracia no corrupta impide que los ductos se quiebren por causas evitables, que se materialice el grueso de los atentados, o no exista un Plan B ante situaciones inesperadas.

Igualmente, que los patrones de eficacia gubernamental no resulten persistentemente deplorables. Que no exista una estructura burocrática recurrentemente deficiente, por lo poco eficaz. Como sucede en el Perú de Balcázar.
La construcción ideológica de una burocracia inepta
Tampoco podemos subestimar que las anti reformas post crisis de Lehman Brothers, no hayan aplicado una razzia tecnocrática, hacia un menor nivel profesional. Es iluso aquí también omitir que regímenes ideologizados, como los gobiernos posteriores al preso Vizcarra, no impliquen lo registrado en los estimados del segundo gráfico.
Muy pocos anticipan efectividad gubernamental en áreas claves. La inefectividad burocrática sería ya parte del paisaje.

Una regulación ilusa e irresponsable
El tercer gráfico de este artículo contrasta algo que tampoco queremos ver. Cuando hablamos de reguladores estatales usualmente enfocamos islas de excelencia –i.e.: BCRP, SBS o CGR–. Pero la realidad es otra muy diferente. Existen decenas de agencias regulatorias en todo ámbito y gestión. El negocio gasífero no es la excepción.
Consolidadamente, el estimado actual para calidad regulatoria –y su implementación– es tan pobre como el gráfico sugiere (ver Dato 3). Resulta iluso creer que lo que nos acaba de suceder en Camisea no era algo predecible.

El incumplimiento es sistemáticamente tolerado
Bueno pues, si existe un tiro de gracia en la respuesta a la segunda interrogante planteada, este lo da el gráfico referido al Dato 4.

En el ámbito institucional de una generalizada Corrupción Burocrática (incluida su justificación política por los líderes e intelectuales de los regímenes de izquierda que nos han gobernado en los últimos años); de la marcada ineficacia de las gestiones que acompañan el accionar estatal; o del abuso disfrazado de regulación; cierra el círculo el continuado Incumplimiento de la ley. Muchos ya han tirado la toalla respecto a exigir que la Ley se cumpla, incluso desde la burocracia. El resultado, el caos.
Aquí, abundan los supuestos expertos que diferencian la ilegalidad de la informalidad. Con los estimados de cumplimento de la ley comparados en el gráfico, algo nos debe quedar claro. En el Perú actual las Leyes pueden ser incumplidas. Y si esto es así, lo que acaba de suceder en Camisea es algo lógico. Previsible. No es ilógico que hoy en el caso de Camisea no exista un Plan B y hasta que no existan responsables… y/o que el grueso de los medios de comunicación solo tome el evento como un escandalito politiquero para exacerbar la frustración pre electoral. Como algo útil para incrementar audiencias, temporalmente.
Y ahora lo peor: las supuestas soluciones
Los cuatro datos explican lo que pasó. Pero no se contente estimado lector. Lo peor llegaría de la mano con personajes dizque técnicos, de todo precio, que plantean supuestas soluciones. Dádivas desfinanciadas, subsidios a privados, embalses de precios, socializaciones de pérdidas financieras, barreras comerciales ad hoc, et al. Nótese que , estas dizque soluciones dibujan desgracias económicas que nos dañarán mucho más abultada –y persistentemente– que el evento original en Camisea.
Pero si no caemos en las soluciones demagógicas, tal vez podemos caer en el acierto. Podemos aprender. Podemos entender que la tarea central del próximo gobierno es limpiar y ordenar la burocracia estatal. No importa si elegimos a Tuka o a Tiko. El elegido fracasará –sea el que sea– si no limpia y ordena nuestra burocracia.
En los años con la izquierda en el poder se ha hecho un daño profundo, difícil de revertir. Es tiempo de corregir drástica y dolorosamente el trasfondo de los cuatro gráficos presentados en estas líneas.
















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