El Congreso no puede ponerse de espaldas en la lucha contra la minería ilegal

El dictamen de la comisión de Energía y Minas del Legislativo que amplía el plazo de vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo, del sector Energía y Minas) hasta el 2027 y establece la posibilidad de reincorporación al señalado registro de más de 50,000 excluidos por tener cuatro años de suspensión, más allá de cualquier intención u objetivo, legaliza y tolera el avance de la minería ilegal en el país. Es decir, el Congreso estaría a punto de aprobar una norma que, en un solo acto, derriba el sistema de propiedad y de contratos establecido en la Constitución y las leyes nacionales.

Uno de los hechos más graves del dictamen de la Comisión de Energía y Minas del Congreso es que se eliminan las prohibiciones centrales para pertenecer al Reinfo. Por ejemplo, se ha eliminado la prohibición para quienes cuenten con sentencia firme por lavado de activos y minería ilegal, según lo establece el Decreto Legislativo 1106 y sus respectivas modificatorias. Asimismo, se ha eliminado la prohibición de pertenecer al registro a quienes ejercen actividad minera en zonas arqueológicas, reservas indígenas, reservas territoriales y zonas y parques nacionales donde se ha establecido una protección especial para la flora y la fauna en el Perú. Igualmente se han eliminado las prohibiciones para quienes desarrollen actividad minera en áreas de proyectos adjudicados o en zonas de promoción de la inversión privada de acuerdo a información del sector de Energía y Minas, Proinversión y otras entidades del Estado.

En otras palabras, se está abriendo las puertas para que todos los ilegales que asaltan e invaden concesiones formales puedan continuar exonerados de las consecuencias penales de la ley por su pertenencia al Reinfo. Y, efectivamente, el gran problema de este registro es que los inscritos en este sistema están exonerados de las severas responsabilidades que la ley establece para la minería ilegal.

Esto es una situación extremadamente grave si consideramos que las principales minas emplazadas en el corredor minero del sur, en donde se produce el 40% del cobre nacional, están siendo afectadas por el avance de la minería ilegal. ¿Cómo se puede promover inversiones de talla mundial en la minería si las concesiones formales son invadidas por supuestas comunidades, por supuestas poblaciones, que se convierten en “los rostros sociales” de grandes traficantes ilegales del mineral? Imposible.

El supuesto argumento social que los defensores de la minería ilegal comienzan a perpetrar es que existen “concesiones ociosas que no se explotan, que existen acaparadores de concesiones que especulan” y que, por lo tanto, se debe cambiar el sistema de propiedad minera en el Perú. Es un argumento que no resiste el menor análisis. Las concesiones mineras en el país apenas abarcan el 14% del territorio nacional y, por lo tanto, hay un territorio ancho y ajeno para desarrollar minería.

El problema es otro: grandes aventureros han decidido hacer fortuna arrasando con los derechos de propiedad en el Perú, quebrando la Constitución y las leyes nacionales. Y en ese camino, promueven invasiones y asaltos de concesiones formales con el apoyo de algunos mineros artesanales y la movilización de ciertas poblaciones. La producción de cobre y oro ilegal, de una u otra manera, tiene que legalizarse para exportarse, y es allí donde aparecen grandes intereses que se mueven en la ilegalidad.

Por todas estas consideraciones, el pleno del Congreso de ninguna manera debe eliminar las prohibiciones existentes para formar parte de los procesos de formalización minera. De lo contrario, todas las formas de ilegalidad encontrarían un espacio ideal para seguir delinquiendo.