El costo de la inacción: El Niño Costero 2026 y la vulnerabilidad del Perú

Mientras el Perú se prepara para un cambio de gobierno, el Fenómeno de El Niño Costero ya amenaza con convertirse en la principal emergencia económica y social de los próximos meses. La verdadera pregunta no es si el país sufrirá sus efectos, sino si esta vez estará preparado para enfrentarlos.

El próximo gobierno asumirá funciones en medio de una de las mayores amenazas para la economía peruana. A diferencia de otras crisis que pueden surgir de manera inesperada, el fenómeno de El Niño Costero 2026 es un riesgo plenamente identificado, monitoreado y documentado por los organismos especializados. Sin embargo, como ha ocurrido demasiadas veces en nuestra historia reciente, el Estado parece llegar tarde a una emergencia cuya magnitud ya resulta evidente.

Las cifras son alarmantes. Solo durante marzo de este año, el 52% de los distritos del país fue declarado en Estado de Emergencia debido a inundaciones, lluvias intensas, huaicos y desbordes de ríos. Además, 931 kilómetros de carreteras resultaron afectados, comprometiendo la movilidad de cientos de miles de personas y dificultando el transporte de mercancías en diversas regiones. No se trata únicamente de daños materiales. Cada vía interrumpida, cada puente colapsado y cada hectárea inundada representan actividad económica paralizada, empleos en riesgo y familias afectadas.

La situación adquiere una dimensión aún más preocupante si se consideran las proyecciones del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), que anticipa la continuidad del fenómeno hasta 2027. Esto significa que el gobierno que asumirá en julio no enfrentará una emergencia puntual, sino un proceso climático de largo plazo cuyos efectos podrían extenderse durante gran parte de su primer año de gestión. En otras palabras, recibirá una crisis ya iniciada y con daños acumulados.

Desde una perspectiva económica, los riesgos son enormes. Las estimaciones del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima señalan que las pérdidas podrían superar los S/ 291 millones diarios en siete regiones clave para la economía nacional: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica, Arequipa y Moquegua. No se trata de cualquier territorio. Estas regiones generan el 23.3% del Producto Bruto Interno y concentran el 27.5% del empleo formal privado del país. Cuando estas zonas se paralizan, el impacto se extiende a toda la economía peruana.

La manufactura podría registrar pérdidas superiores a los S/ 111 millones diarios. El comercio dejaría de generar cerca de S/ 75 millones cada día. El sector agropecuario perdería más de S/ 64 millones diarios, mientras que el transporte sufriría un fuerte impacto debido a los daños en carreteras, puentes e infraestructura logística. La suma de estos efectos tendría consecuencias directas sobre el crecimiento económico, la inversión y la recaudación tributaria.

Pero probablemente el sector más vulnerable sea el agro. Mientras las lluvias extremas amenazan los cultivos de la costa norte, las sequías afectan simultáneamente a las regiones del sur. Esta combinación de eventos climáticos extremos expone a cerca de dos millones de hectáreas agrícolas y pone en riesgo buena parte de la producción destinada tanto al mercado interno como a la exportación. El problema no afecta únicamente a los productores. También compromete el abastecimiento de alimentos, presiona los precios y golpea directamente la economía de millones de familias.

La experiencia histórica demuestra que estos riesgos no deben ser subestimados. El Niño de 1982-1983 provocó una de las mayores contracciones económicas registradas en el país, mientras que el evento extraordinario de 1997-1998 generó pérdidas equivalentes al 4.5% del PBI de entonces. El Perú conoce perfectamente el costo de la inacción. Lo que resulta difícil de explicar es por qué continúa reaccionando como si cada fenómeno fuera una sorpresa.

Más preocupante aún es la vulnerabilidad de la población. Más de 11 millones de personas estarían expuestas a los efectos de un evento climático severo. A ello se suman 35,000 instituciones educativas, 7,000 establecimientos de salud y alrededor de 3.6 millones de viviendas ubicadas en zonas de riesgo. Estas cifras reflejan un problema estructural que trasciende cualquier coyuntura política: el crecimiento urbano desordenado, la ocupación de quebradas y zonas inundables, y la ausencia de una adecuada planificación territorial.

El problema se agrava porque el Perú continúa destinando menos del 0.5% de su PBI a la gestión del riesgo de desastres. Para un país ubicado en una de las zonas más vulnerables del continente frente a eventos climáticos extremos, esta cifra resulta claramente insuficiente. Durante décadas, la política pública ha privilegiado la reconstrucción después de las emergencias en lugar de la prevención antes de que estas ocurran. Es una lógica costosa, ineficiente y socialmente injusta.

Por ello, la principal tarea del próximo gobierno debe ser convertir la prevención en una auténtica política de Estado. Ello implica incrementar sustancialmente la inversión en infraestructura resiliente, fortalecer los sistemas de alerta temprana, mejorar la planificación territorial y garantizar una coordinación efectiva entre el Gobierno Central, los gobiernos regionales y las municipalidades. También exige que instituciones como el MEF, la PCM, Cenepred, Senamhi y el Ministerio de Vivienda actúen bajo una estrategia común y con objetivos claramente definidos.

El Fenómeno de El Niño 2026 será probablemente la primera gran prueba de gestión para las nuevas autoridades. La información existe. Los riesgos son conocidos. Las advertencias han sido formuladas con suficiente anticipación. Lo que está en juego no es únicamente la capacidad de responder a una emergencia climática, sino la posibilidad de demostrar que el Estado peruano puede finalmente abandonar la improvisación y adoptar una visión preventiva. Porque cuando los desastres son previsibles, los daños dejan de ser una fatalidad natural y pasan a ser, en buena medida, el resultado de decisiones políticas.