El trabajo de los congresistas tiene que ser presencial

La presencialidad y la virtualidad son herramientas perfectamente válidas. El trabajo híbrido funciona y, en muchas actividades, incluso puede mejorar la productividad. El Congreso, sin embargo, cumple una función que exige criterios particulares. El congresista representa a la ciudadanía, debate públicamente y toma decisiones que afectan al conjunto del país. Por la naturaleza de esa responsabilidad, su trabajo requiere un estándar distinto al de cualquier actividad administrativa.

La virtualidad parlamentaria surgió como una respuesta excepcional frente a la pandemia. Aquella circunstancia ya pasó y, con ella, desapareció la principal razón que justificaba convertir la conexión remota en una herramienta de uso parlamentario. Las circunstancias individuales que hagan imposible la asistencia pueden recibir un tratamiento excepcional y debidamente justificado, pero la regla debe ser la presencia física del parlamentario. El Pleno, las comisiones y las principales actividades del Congreso tienen que desarrollarse con los representantes en el lugar donde se ejerce la función para la que fueron elegidos.

La razón principal está en la rendición de cuentas. Cuando un congresista participa en una votación trascendental, interpela a un ministro o interviene en una comisión, está ejerciendo una función pública que exige responder ante los ciudadanos. La prensa tiene que poder preguntarle por su posición, sus colegas tienen que poder confrontar sus argumentos y los ciudadanos tienen que poder exigirle explicaciones. Esa exposición pública forma parte de la responsabilidad política y obliga al parlamentario a asumir las consecuencias de sus decisiones.

La diferencia en la modalidad se enfatiza después de una votación. Un congresista que termina una sesión y sale del Palacio Legislativo queda inmediatamente expuesto a las preguntas de la prensa y al cuestionamiento ciudadano: tiene que explicar por qué votó a favor, por qué votó en contra o por qué decidió abstenerse. Cuando participa desde su casa, esa cadena de responsabilidades se debilita. Puede apagar la cámara, desconectarse o simplemente desaparecer del espacio público. La presencialidad mantiene al congresista en el lugar donde acaba de tomar una decisión y facilita que responda por ella.

Es más, la experiencia de los últimos años dejó, además, situaciones que deberían servir como advertencia. Hemos visto sesiones con una presencia física mínima y parlamentarios participando desde lugares completamente incompatibles con la solemnidad de una función pública. Incluso cuando la conexión funciona correctamente, una pantalla no reproduce todas las dimensiones del debate político. El Parlamento requiere interacción, negociación, observación y respuesta inmediata entre quienes tienen que deliberar y decidir en nombre del país.

Esa dimensión del trabajo parlamentario también explica por qué la presencia física importa para la calidad del debate. Una correcta deliberación va más allá de escuchar intervenciones y presionar un botón para votar. Implica escuchar al otro, responderle, confrontar argumentos, negociar posiciones y construir acuerdos. El encuentro directo entre parlamentarios permite que esa dinámica ocurra con mayor intensidad y mantiene el debate dentro del espacio institucional al que pertenece.

Por eso, la regla debe ser clara: presencia física para ejercer la función parlamentaria y virtualidad únicamente ante circunstancias excepcionales, individuales y debidamente justificadas. El congresista tiene que estar donde se debate, donde se vota y donde se toman las decisiones. La ciudadanía merece verlo trabajar, escucharlo argumentar y exigirle cuentas por aquello que decide en su nombre.