Dinámica urbana que se construye sobre hechos consumados

Mucho antes de que el capitalismo industrial fuera dominante, Europa Occidental ya albergaba una enorme actividad económica que hoy podría compararse con lo que denominamos economía informal o economía popular. Artesanos, pequeños productores, vendedores, comerciantes, contrabandistas y talleres domésticos trabajaban al margen de regulaciones que reservaban determinadas ocupaciones a gremios, corporaciones o productores autorizados. La economía-real crecía más rápidamente que la capacidad del orden jurídico para contenerla.

La magnitud de la represión y sus límites

La represión podía ser extraordinariamente severa. La legislación contra el contrabando llegó a contemplar la pena de muerte si concurrían agravantes. Hernando de Soto, en El misterio del capital, menciona que más de 16.000 contrabandistas y fabricantes clandestinos fueron ejecutados en Francia durante el siglo XVIII. Esta estimación, atribuida a Eli F. Heckscher (De Soto, 2000), sigue siendo discutida. Sin embargo, poco importa su exactitud, sino la magnitud del fenómeno reflejado: una actividad económica que el Estado pretendía eliminar resultó extraordinariamente difícil de erradicar.

La paradoja de la Revolución francesa y el control económico

La Revolución Francesa modificó radicalmente el régimen político, pero mantuvo la tendencia a utilizar el derecho penal para intervenir en la economía. En 1793, el accaparement —retirar mercancías esenciales de la circulación para especular con ellas— fue convertido en delito penal castigado con pena de muerte. Posteriormente, el Maximum général amplió los controles de precios a una extensa lista de bienes. La legislación alcanzó alimentos, combustibles, cueros, hierro, cobre, lanas, telas y diversas materias primas. Hasta se inventaron guillotinas portátiles para ejecutar sentencias sumarias en el mismo lugar de los hechos.

Los dirigentes jacobinos defendieron estas medidas excepcionales para garantizar el abastecimiento de la población, preservar la estabilidad política y sostener a la nueva República. Hasta hoy, atentar contra la libertad económica y los derechos de propiedad sigue siendo parte del recetario que se aplica desde la economía-ficción de los políticos.

La persistencia de la clandestinidad frente a la ley

Gran paradoja: la Revolución que proclamaba libertad podía castigar con extrema dureza determinadas formas de actividad económica privada. El comerciante, el campesino, el intermediario o el pequeño fabricante podían convertirse en “acaparadores” según interpretase la autoridad.

Pero la economía-real mostró gran resistencia a las prohibiciones. La clandestinidad sobrevivió al Terror, al Directorio y al Imperio. Durante el siglo XIX, aunque persistieron regulaciones, conflictos y episodios de represión, Europa avanzó progresivamente hacia abolir privilegios corporativos, liberalizar oficios y abrir mercados, propagando mayor libertad para emprender.

La norma adaptada a la realidad

La clandestinidad económica europea fue más que un residuo atrasado que el capitalismo debía eliminar. En determinados sectores, como la producción doméstica dispersa, la manufactura rural o ciertas formas novedosas de comercio, constituyó el espacio cuyas actividades resultaban poco cubiertas por la legislación vigente. La demanda social, la innovación, el comercio y la iniciativa individual terminaron haciendo cada vez más costosa e ineficaz su prohibición.

Hipótesis para el presente latinoamericano

De allí surge una pregunta que interpela directamente a América Latina: si la economía informal persiste aún cuando se liberaliza el mercado, cambiando simplemente de forma, ¿hasta qué punto la experiencia europea puede ayudarnos a comprender la actual economía popular latinoamericana?

Aunque ambas realidades difieren en instituciones, tecnologías y estructuras productivas, vale la pena explorar ciertas semejanzas: cuando millones de personas producen, comercian o prestan servicios fuera del marco legal, quizá el problema se ubica más allá de incumplir la ley, cuestionando la distancia entre esa ley y la realidad económica que pretende regular (De Soto, 2000).

La Europa de los siglos XVIII y XIX ofrecería una hipótesis provocadora: la informalidad y la extralegalidad puede crecer hasta que la ley sea incapaz de eliminarlas, debiendo adaptarse a ella. Tal vez sea el camino inevitable que marca la economía popular latinoamericana del siglo XXI.