Dos formas de gobernar frente al desastre

El lunes último, en horas de la mañana, un sismo de 7.4 grados en la escala de Richter dio un golpe de fuerza devastador en la zona occidental de nuestra vecina Colombia. Las últimas noticias recaban las penosas cifras de más de 200 fallecidos, de casi 1.000 heridos y de miles de desaparecidos aún sin confirmar, con Pereira, Cali, Quibdó y Manizales muy gravemente dañadas.

La respuesta del recientemente asumido presidente Abelardo de la Espriella, con solo unos días en el cargo, ha sido rápida y decidida. Ha suspendido toda su agenda, se ha trasladado en forma directa a las zonas afectadas y, por intermedio de su equipo, ha instalado un Puesto de Mando Unificado. Asimismo, ha estado entregando informes cada dos horas, poniendo énfasis en rescatar a las personas atrapadas y en un relato humanista para atender a todos, independientemente de su tendencia política. Todo ello, en coherencia con el anuncio de ser el presidente de todos los colombianos, prometido y repetido en el discurso de toma de posesión.

Por supuesto, este cuadro no habría sido posible con el Petrismo en el poder. De la Espriella, además, activó de inmediato la cooperación internacional. La Unión Europea desplegó el sistema Copernicus y Alemania, entre otras naciones, han expresado su apoyo formal en menos de 24 horas, sumándose a todas las gestiones de “El Tigre”. Esto sin mencionar el apoyo anunciado por la gestión Trump de 15.5 millones de dólares. Todo esto, sin experiencia previa en gestión pública, pero sí en el sector privado. De la Espriella, con esta experiencia, parece haber entendido lo más esencial: los tiempos de crisis exigen presencia, información verídica, voz de mando y acciones claras, más que retóricas y justificaciones.

El contraste que podemos hacer con Venezuela, por ejemplo, es hercúleo, y no solo en materia de resultados, sino por patrones de conducta. Tras el terrible doblete sísmico del pasado 24 de junio en La Guaira —dos movimientos de 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, con solo 39 segundos de diferencia—, las cuentas oficiales más recientes nos arrojan cifras escalofriantes. Se habla de más de 6.000 personas fallecidas, casi un millar de edificaciones afectadas y cientos colapsados.

A diferencia de Colombia, donde las diferentes ayudas nacionales, internacionales y de la misma población se activaron en horas, el decadente régimen de la heredera del Chavismo, Delcy Rodríguez, tardó días en ponerse en marcha. Prácticamente, la ayuda primigenia se realizó casi netamente por la población civil, que removió escombros con las manos, sin equipos ni maquinaria especializada. También hubo apoyo de ONG y, sí, luego también de la comunidad internacional.

Estas demoras explican, sobremanera, por qué las cifras venezolanas fueron desde un inicio bastante pronunciadas respecto a las colombianas, a pesar de que ambos desastres son medianamente similares. Claro que aún no podemos evaluar al 100 % la tragedia de Colombia por lo reciente de los hechos. No obstante, lo que sí podemos asegurar es que claramente hay diferentes enfoques y maneras de actuar frente a tragedias similares.

Algo que sí vale la pena recordar es que buena parte de los edificios que colapsaron en la zona de La Guaira pertenecían a la Gran Misión Venezuela, un programa propiciado por el exautócrata Hugo Chávez en el año 2011 y continuado por Nicolás Maduro. Todas estas, claro está, terminaron reducidas a escombros. Estas estratagemas, que buscaban sumar adeptos, terminaron siendo una sentencia de muerte de mediano plazo para muchos de ellos. Múltiples denuncias de corrupción, materiales de ínfima calidad y cero controles técnicos durante años trajeron consecuencias irreversibles. El régimen ha intentado desligarse, pero todos sabemos que son responsables y este caso es una muestra más de que el socialismo, muchas veces, termina creando infiernos terrenales.

Sudamérica es considerada una de las áreas sísmicas más activas que encontramos en el planeta, por las placas que convergen en condiciones muy específicas. En consecuencia, nos referimos a la placa del Caribe, la placa de Nazca y la placa Sudamericana, mientras que, en relación con nuestro país, tenemos las dos últimas debajo de su territorio.

El 18 de julio, Huancayo y Chupaca sufrieron un movimiento sísmico de magnitud 5.5 en la escala de Richter, que produjo una serie de incidencias trágicas, tales como siete muertos y cientos de damnificados. Un probable aviso, con ciertos caracteres, que nos podría anticipar una amenaza mucho más grave. En la región Piura se dio un movimiento sísmico a finales del mes anterior, cuya magnitud fue de 6.1. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró desde las primeras horas del día de ayer hasta cuatro movimientos en Sechura, de magnitudes que oscilan entre los 4.0 y 4.9 grados, en un espacio de horas.

Como queda claro, ninguna zona de nuestro país está libre de los sismos. Y, claro, el elefante blanco de la habitación es ese silencio sísmico de más de 50 años que caracteriza nuestra capital y zonas de la costa central, exceptuando la región Ica. Esto representa una energía acumulada que, según señalan expertos en la materia, más temprano que tarde se liberará por medio de un megasismo de aproximadamente 8.8 grados en la escala de Richter o incluso mayor.

Si esta catástrofe de proporciones bíblicas se materializa, el escenario oficial de Indeci calcula más de 110.000 fallecidos y 350.000 viviendas hechas añicos si este terrible evento sucediera el día de hoy. Entonces, viendo todo este escenario, debemos rescatar una doble lección: la eficiencia y eficacia frente a un desastre dependen de decisiones concretas y rápidas, con información clara, y no de meros discursos improvisados a destiempo que solo buscan encubrir la mediocridad de un pésimo líder.

Nuestra actual presidenta tiene una responsabilidad importantísima e histórica en esta dimensión. No solo estamos expuestos y vulnerables ante la posibilidad de padecer un sismo mortífero; tenemos el fenómeno El Niño y sus consecuencias a la vuelta de la esquina. Debe trabajarse arduamente: mejoras en fiscalización en materia de construcción, reforzamiento sísmico de hospitales y escuelas, protocolos de cooperación internacional, entre otras aristas que permitan que nuestro Estado esté preparado ante cualquier desgracia y que no nos agarren “con los pantalones abajo”.