El silencio también gobierna

El asesinato de Susy Aponte Polo, la “China Polo”, no admite simplificaciones oportunistas. La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash fue atacada a balazos en un mercado de Caraz mientras realizaba actividades proselitistas; el atentado también dejó cinco heridos, entre ellos tres menores de edad. La Fiscalía, que inicialmente abrió diligencias por feminicidio, recalificó el caso como presunto sicariato y busca identificar tanto a los ejecutores como a quienes financiaron y ordenaron el crimen.

Aponte había convertido su exposición pública en una plataforma de denuncia contra la delincuencia y los presuntos vínculos entre autoridades y organizaciones criminales. Nueve días antes de morir afirmó haber recibido llamadas desde tres establecimientos penitenciarios advirtiéndole sobre un atentado y señaló directamente a un alto mando policial; esa acusación, sin embargo, no prueba responsabilidad alguna y deberá ser esclarecida con evidencia, no con especulaciones incendiarias.

También es cierto que su trayectoria estuvo rodeada de disputas políticas, investigaciones judiciales y enfrentamientos públicos. Por ello, la Policía ha considerado tres líneas generales: un asesinato encargado por el crimen organizado, una represalia relacionada con antiguas rencillas y un móvil político. Ninguna puede convertirse todavía en sentencia. Hacer de Aponte una heroína inmaculada sería tan irresponsable como utilizar sus controversias para disminuir la gravedad de su asesinato. Los antecedentes de una víctima pueden ser relevantes para reconstruir un móvil; jamás para normalizar que la maten en plena calle.

Existen avances que deben reconocerse. Hay dos investigados bajo detención preliminar por presunto sicariato, uno señalado como posible autor material; además, el comandante general de la Policía se trasladó a Caraz para dirigir las pesquisas. Pero la rápida captura de sospechosos no responde la pregunta decisiva: ¿quién dio la orden? Tampoco explica cómo el arma incautada —una pistola Glock— había sido denunciada como robada a un policía desde 2023.

Y aquí aparece el silencio más estruendoso. Mientras el país contempla el asesinato público de una periodista y candidata que había pedido protección, no se ha identificado una declaración directa de la presidenta Keiko Fujimori sobre el caso. No basta con dejar que el Ministerio del Interior administre comunicados. Una presidenta también gobierna mediante su presencia, su voz y las prioridades morales que establece. Cuando el sicariato irrumpe en una campaña electoral, guardar silencio no transmite prudencia: transmite ausencia. Y frente al crimen organizado, una jefa de Estado ausente termina proyectando exactamente aquello que los criminales necesitan: un poder político distante, dubitativo y sin voz.