La burocracia es otro de los caminos al socialismo

En un artículo anterior señalamos que durante las reformas económicas de los noventa el objetivo de las transformaciones fue la cancelación del Estado empresario que había creado alrededor de 200 empresas estatales, generando un déficit fiscal que desataba una inflación que luego se convertiría en hiperinflación. Las empresas estatales solo podían funcionar con regulación de precios y mercados, y emisión monetaria indiscriminada.

Las reformas económicas de los noventa acabaron con ese Estado empresario estableciendo la desregulación de precios y mercados y el papel subsidiario del Estado con respecto al sector privado, y consagrando constitucionalmente la autonomía del BCR. El Perú multiplicó por cinco su PBI y redujo la pobreza del 60% de la población a 20%, antes de la pandemia y del gobierno de Pedro Castillo.

Sin embargo, desde la segunda década del nuevo milenio, sobre todo luego del gobierno de Ollanta Humala, comenzó una lenta pero indetenible construcción de un Estado burocrático. Hoy el Estado –a través del gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos subnacionales y las empresas públicas– consume un tercio del PBI nacional que suma alrededor de US$ 300,000 millones. Es una cantidad enorme para una economía de ingreso medio.

El Perú tiene 19 ministerios, algunos de ellos creados por criterios ideológicos, sin ninguna función social. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio del Ambiente son dependencias que podrían ser simples secretarías de cualquier oficina. Las oficinas y las aduanas se han multiplicado de aquí para allá y en la última década el empleo público se ha incrementado en cerca de 30%. Las sobrerregulaciones y procedimientos han aumentado de tal manera que el Estado se ha convertido en una cordillera que bloquea inversiones y fomenta la informalidad de las unidades más pequeñas. En otras palabras, el Estado ya es la principal fuente de pobreza e informalidad.

Y si a esto le agregamos la fallida descentralización, proceso en que se ha gastado por lo menos tres veces en el último quinquenio la cantidad necesaria para resolver los problemas de agua y desagüe, el asunto se vuelve un escándalo. ¿Por qué? Porque sigue existiendo 3.5 millones de peruanos sin agua potable, la misma cantidad que había cinco años atrás. No debería haber un solo peruano sin este servicio; sin embargo, las regiones y municipios, que gastan dos tercios de la inversión pública, se han convertido en espacios de saqueo de la riqueza nacional que produce el sector privado.

Estamos pues ante el Estado burocrático que surgió y engordó bajo las narrativas de la izquierda. Por ejemplo, los procedimientos para materializar un proyecto minero aumentaron de 15 a más de 265 porque, según la izquierda, había que controlar “la voracidad de las empresas mineras”. Una fábula, una mentira, que esconde el saqueo de los gobiernos subnacionales de la riqueza nacional que producen el sector minero, el sector agroexportador y el privado en general.

La burocratización del Estado es otro de los caminos al socialismo y al empobrecimiento general de las sociedades, una de las estrategias desarrolladas por el progresismo como parte de su renovación cultural y abandono de las estrategias marxistas clásicas del asalto al poder. Hayek, el gran filósofo conservador liberal, el autor de la teoría del orden espontáneo, señala que la burocratización de los estados en Occidente significa olvidar el camino a la prosperidad que cultivaron las sociedades occidentales, representa una gradual estatización en las relaciones entre el Estado y la sociedad.

Vale entender, pues, que la burocratización del Estado peruano no ha sido un proceso espontáneo y gratuito. Por ejemplo, cuando las oenegés anticapitalistas y antimineras inventaban sus relatos sobre “las amenazas de la minería moderna en contra de los recursos hídricos para el consumo humano y la agricultura”, poco a poco emergió la idea de crear un Ministerio de Ambiente para contratar funcionarios ideologizados contra la minería moderna. Y así se llegó a 265 sobrerregulaciones para materializar un proyecto minero. Lo mismo vale para la pesquería y la agricultura, por ejemplo.

Si en los noventa las reformas debieron cancelar el Estado-empresario, hoy debemos superar el Estado burocrático.