¡La minería sí trae agua!

La narrativa de que la minería «se lleva el agua y deja contaminación» se derrumba frente a la evidencia de dos regiones donde la actividad minera ha resuelto o puede resolver, precisamente, el problema del agua que el Estado no logra solucionar desde hace décadas. En un contexto marcado por un superciclo de precios de los metales, con el cobre por encima de los US$ 6.33 por libra y el oro alrededor de los US $4,000 por onza, la minería atraviesa un escenario excepcional de expansión. Entender cómo este auge puede traducirse también en inversión e infraestructura hídrica es más urgente que nunca.

Cajamarca es clave para este propósito: a pesar de ser una región con abundantes recursos hídricos naturales, sus habitantes reciben agua potable solo algunas horas al día y muchos agricultores logran apenas una cosecha anual. Carlos Gálvez, expresidente de la SNMP, afirmó, en declaraciones para El Montonero, que la ciudad registra una demanda de 638 litros por segundo de agua potable, pero solo dispone de algo más de 380 litros por segundo atendidos.

Frente a ese déficit, desde Newmont, empresa vinculada a la minera Yanacocha, se ha venido impulsando una serie de inversiones destinadas a mejorar el almacenamiento, tratamiento y disponibilidad de agua en la región. Se trata de un sistema integral de siete presas o reservorios y plantas de tratamiento de agua residual, con una inversión que supera los US$ 1,800 millones.

Dentro de este conjunto destaca la presa Chonta —un proyecto anhelado por los cajamarquinos durante más de 40 años—, que recibió en mayo de 2026 la aprobación ambiental del Senace gracias al trabajo conjunto del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la Municipalidad Provincial de Cajamarca y Newmont Yanacocha. La obra proyecta almacenar más de 44 millones de metros cúbicos de agua, irrigar más de 5,000 hectáreas y beneficiar a más de 300,000 habitantes de Cajamarca y Baños del Inca hasta el año 2039. Asimismo, como parte de sus compromisos de cierre progresivo, Newmont está construyendo dos nuevas plantas de tratamiento de aguas ácidas, cuyo inicio de operaciones está previsto para el próximo año.

El caso de Cerro Verde en Arequipa es todavía más contundente porque ya tiene resultados medibles en el tiempo. Antes de 2015, alrededor del 90% de las aguas servidas de Arequipa iban directamente al río Chili, que —según el gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Cerro Verde, Pablo Alcázar— llegó a registrar un millón de bacterias por cada 100 mililitros, cuando el límite permisible es de 3,000.

Para solucionar este problema, Cerro Verde financió con recursos propios la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales La Enlozada, con una inversión de US$ 500 millones, que hoy trata aproximadamente el 99.5% de las aguas servidas de la ciudad. A cambio, la empresa utiliza un metro cúbico por segundo de esa agua tratada para sus operaciones mineras, mientras el resto regresa al río, hoy con truchas y renacuajos como señal de recuperación biológica.

La minera financió también, con US$ 150 millones adicionales, la planta de tratamiento de agua potable La Tomilla II, que abastece a alrededor de 350,000 arequipeños y tiene capacidad de ampliarse a 750,000 personas. Asimismo, Cerro Verde construyó presas como Pillones y Bamputañe, en la zona regulada del río Chili, y San José de Uzuña, en la zona agrícola. En conjunto, generó un sistema que garantiza agua potable a más del 90% de la población arequipeña.

La lección de Cajamarca y Arequipa es la misma: cuando existe coordinación entre empresa minera, Estado y sociedad, es posible resolver problemas históricos de agua que la burocracia estatal dejó pendientes durante décadas, refutando con hechos verificables la idea de que la minería solo contamina sin dar nada a cambio.