Insistir en el proyecto de un Perú agroexportador

En el análisis y la evaluación del sector agroexportador están las claves de la transformación económica del Perú, las claves de una revolución económica y social que, incluso, podría superar la descollante experiencia de los llamados Tigres de Asia (Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, Taiwán), países que, en apenas cuatro décadas, alcanzaron el desarrollo.

Cuando a inicios del nuevo milenio se promulgó la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) las agroexportaciones del Perú apenas sumaban US$ 651 millones y la experiencia velasquista –a través de las cooperativas– había descapitalizado y empobrecido el campo. Bajo el sistema tributario y laboral promocionales de la señalada norma, durante dos décadas, las agroexportaciones se incrementaron hasta US$ 12,000 millones con tasas de crecimiento anual sobre los dos dígitos, incluso superiores a las de crecimiento de la China capitalista de la primera etapa. La productividad del sector agroexportador peruano era asombrosa.

Durante ese periodo se captaron US$ 20,000 millones en inversiones y hubo una permanente reinversión de las utilidades, de manera que los fundos iniciales, el empresariado agrario de la primera etapa, comenzó a expandirse invirtiendo en tierras ganadas al desierto a través de diferentes proyectos hídricos. La agricultura moderna prosperó en alrededor de 250,000 hectáreas, una cantidad que apenas representa el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura en el país. En ese pequeño espacio de tierras agrarias se desató el milagro agroexportador que nos ha llevado a ubicarnos entre las diez potencias agrarias del planeta.

La flexibilidad laboral establecida en la Ley 27360 era una máquina de formalización del empleo. De 460,000 trabajadores formales –entre directos e indirectos– en el 2004 se pasó a más de 1.5 millones de empleos formales y en las regiones agrarias los índices de pobreza bajaron muy por debajo de la media nacional. Hoy, por ejemplo, en Ica la pobreza suma 6% de la población mientras que, a nivel nacional, el promedio llega a 27%. Igualmente, los salarios de los trabajadores formales del agro superaron largamente la remuneración mínima vital nacional.

Algo más. El empuje del sector agroexportador y la productividad del sector eran tan sorprendentes que, poco a poco, comenzó a gestarse un consenso inicial acerca de que el régimen tributario y laboral de la Ley de Promoción Agraria debería extenderse a toda la economía nacional. Semejantes proyecciones adquirían sentido considerando que la posibilidad de ganar tierras al desierto –a través de diversos proyectos hídricos– sumaba alrededor de un millón de hectáreas. Es decir, la superficie del agro moderno se podría multiplicar por cuatro, se podrían captar US$ 60,000 millones más en inversiones y los empleos formales podrían llegar a los 4 millones entre directos e indirectos. Y las exportaciones podían llegar a más de US$ 50,000 millones.

El sueño agroexportador estaba a la vista y solo había que persistir en el modelo. Sin embargo, las izquierdas en todas sus versiones entraron en pánico ante la posibilidad de que el empuje del sector agroexportador se convirtiera en el modelo y la locomotora de toda la economía nacional y procedieron a derogar la Ley 27360, anulando el sistema tributario promocional y el régimen de flexibilidad laboral en los contratos de trabajo.

Felizmente el Legislativo ha restablecido el sistema tributario promocional. Sin embargo, falta el asunto laboral y la lucha por el sueño exportador es un largo proceso en que la batalla de las ideas, de los relatos y las narrativas jugará un papel central.