Cajamarca posee en su subsuelo una gran reserva de cobre que podr&iacu...
El gobierno de transición de José Jerí y el gabinete que preside Ernesto Álvarez de ninguna manera deben olvidar que, si bien sus tareas principales son contener la ola criminal y garantizar unas elecciones transparentes, es incuestionable que deben convertirse en la administración que allane el camino de las reformas que la próxima administración y el siguiente Congreso deben implementar. A nuestro entender, sobre todo en la economía, habida cuenta de que los aspectos institucionales y políticos desatan una mayor polaridad, un asunto no propicio para una etapa transicional.
Por ejemplo, el manejo del déficit fiscal y de la deuda pública son aspectos centrales a los cuales debería echarse ojo. El Perú avanza a un tercer año consecutivo de incumplimiento de la regla fiscal: se proyecta un déficit de 2.2% del PBI, pero se llegaría a 2.4%. El Gabinete Álvarez tiene poco qué hacer desde mediados de octubre hasta julio del 2026, pero sí podría ajustar algunas cosas y preparar un buen presupuesto que interrumpa la expansión del gasto corriente. En ese camino el principio del Gabinete Álvarez debería ser reducir el gasto y evitar el aumento de la deuda pública.
Por otro lado, en lo que sí podría avanzar decisivamente el Gabinete Álvarez es en el inicio del fin del Estado burocrático, a través de la eliminación de procedimientos y sobrerregulaciones que bloquean las inversiones privadas en los diferentes sectores de la economía. En otras palabras, el nuevo Consejo de Ministros podría comenzar el camino de la simplificación del Estado. Con este impulso, a decir verdad, se estaría continuando el buen trabajo del anterior consejo de ministros.
Hoy la multiplicación de ministerios, oficinas y sobrerregulaciones, se han convertido en la principal fuente de pobreza e informalidad en la sociedad. ¿Por qué? Las sobrerregulaciones bloquean la inversión privada y alejan a las unidades empresariales más pequeñas de la formalidad, porque no pueden asumir los elevados costos de la legalidad.
Semejante estado de cosas sucede pese a que el Estado –a través del gobierno central, los gobiernos regionales, los municipios y las empresas públicas–, consume cerca del 25% del PBI nacional, que suma alrededor de US$ 300,000 millones. El fin del Estado burocrático, pues, se ha convertido en el principal objetivo de una segunda ola de reformas en el país.
Si el Ejecutivo se mueve en el plano de la responsabilidad fiscal y el inicio de la reforma del Estado, entonces el gobierno de transición y reconciliación nacional se convertirá en la plataforma, en el punto de partida de las grandes transformaciones que debería desarrollar la nueva administración.
Igualmente, el Gabinete Álvarez en estos meses que restan para el cambio de gobierno debería desarrollar una intensa labor pedagógica explicando la importancia y la trascendencia de una reforma tributaria, una de las claves para reducir y modernizar el Estado y trasladar recursos al sector privado con el objetivo de multiplicar la inversión y la reinversión en el país. Un nuevo Gabinete debe gobernar, es verdad, pero también debe hacer pedagogía, organizar el debate y marcar los derroteros.
Asimismo, otra de las claves en el futuro de las reformas del país es explicarle a la sociedad la enorme trascendencia de una reforma laboral que establezca la plena flexibilidad laboral en los contratos de trabajo, a semejanza de los países desarrollados que han alcanzado el pleno empleo y de los mercados populares y emergentes, en donde se genera el 80% del empleo a través de pequeñas unidades económicas.
Si el Gabinete Álvarez avanza alrededor de algunos de los temas planteados, entonces, estaría asumiendo su responsabilidad económica ante el futuro del país.
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