¡En defensa del régimen promocional agrario!

Si los sectores que durante las últimas tres décadas han luchado incansablemente en contra de las reformas económicas de los noventa –que han transformado el país–, se unen en contra de una ley del Congreso, significa que las cosas avanzan en buen sentido. Si a esta campaña de desinformación se unen quienes han demonizado al sector privado y plantean que el Estado es el gran igualador y redistribuidor de la riqueza y si también se suman las oenegés que –al igual como lo hicieron con la minería– pretenden detener el avance agroexportador para favorecer la producción agraria de otros países, entonces es más que evidente que el Legislativo ha acertado en aprobar la nueva ley de promoción agraria que establece un régimen tributario especial.

Si los sectores comunistas que proponen la asamblea constituyente y si las entidades del progresismo consciente –que destruyeron el sistema político– se unen para combatir el régimen promocional agrario, entonces es evidente que el Legislativo, luego de varios años, ha decidido ponerse del lado de la inversión privada, de la generación de empleo. En otras palabras, ha decidido defender el capitalismo.

Las izquierdas, conscientes de que no pueden imponer su asamblea constituyente ni modificar las grandes columnas del modelo, han decidido convertir la batalla contra la nueva ley de promoción agraria en la madre de todas las batallas. El temor es devastador: el sector agrario volverá a crecer a tasas de dos dígitos con una multiplicación de la inversión y la reinversión pocas veces vista en la historia económica mundial, y con un asombroso proceso de reducción de pobreza. La recaudación fiscal se multiplicará tal como sucedió cuando estuvo en vigencia la pasada ley de Promoción Agraria (Ley 27360), que incrementó la recaudación de S/ 2,200 millones a más de S/ 9,100 millones. Es decir, S/. 7000 millones más. 

El argumento acerca de que el Estado pierde no resiste el menor análisis. Se trata de pura propaganda colectivista. Una de las cosas más graciosas de la posición de las izquierdas es que ahora pretenden erigirse en defensores de la estabilidad fiscal, luego de haber construido un Estado burocrático que es la causa principal de un déficit estructural, y que consume un tercio del PBI nacional, que suma cerca de US$ 300,000 millones. Un Estado burocrático repleto de ministerios, oficinas y sobrerregulaciones que se dedica a bloquear inversiones y no brinda servicios a los peruanos.

Pero lo que más temen las izquierdas y el progresismo es que, ante los éxitos del sector agrario con el nuevo régimen, todos los sectores económicos de la sociedad demanden que el régimen promocional tributario se generalice a toda la economía y la sociedad. Si eso sucediera, en pocos años, el Perú se convertiría en un Singapur continental. 

Sin embargo, una reforma tributaria tiene una condición: el fin del Estado burocrático. Por ejemplo, los ministerios de la Mujer, de Cultura, de Ambiente –entidades que no cumplen ninguna función social ni productiva– en diez años representarán al fisco más de S/. 30,000 millones, con tendencia a crecer descontroladamente, considerando que el gasto corriente se incrementa entre 20% y 30% cada año.

Luego del gobierno de Pedro Castillo y el golpe fallido del eje bolivariano en el Perú, después de la parálisis de la inversión privada y del crecimiento, las bancadas del Congreso decidieron desarrollar el primer movimiento claro a favor del capitalismo nacional y la reducción de la pobreza. La izquierda, derrotada en el golpe fallido de Castillo, hoy siente que se le comienza a arrinconar ante la posibilidad de que la inversión y la reinversión vuelvan a multiplicarse en el agro.