El terrible peligro de una nueva ley de minería

El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció la conformación de una comisión de alto nivel que se encargará de elaborar la nueva Ley General de Minería. Según el anuncio del presidente, realizado en el evento minero Perumin (en Arequipa), la comisión puede proponer cambios en el 30% o 60% de los artículos de la actual ley de minería. 

Al respecto, para los representantes del sector minero no es momento de realizar cambios en la ley de minería, y destacan los resultados que se han obtenido con la ley actual. Semanas atrás, durante una reunión con las autoridades arequipeñas —en la que grabado el presidente—, Vizcarra se comprometió a elaborar una nueva ley de minería porque la actual —según dijo— “es obsoleta y tiene más de 30 años”. 

La minería de talla mundial —la moderna y responsable con el medio ambiente y las comunidades— está instalada en Perú hace más de veinte años. De acuerdo a los indicadores económicos, representa el 10% del Producto Bruto Interno (PBI) peruano. Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), en 2018 las exportaciones mineras sumaron US$ 29,451 millones, que representa el 60.2% de las exportaciones totales del país. 

Según el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), si las actividades mineras continúan explotando el potencial peruano hasta el 2050, se generarían ventas acumuladas de US$ 2.70 billones. Además, un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) señala que “el 28% del valor de las exportaciones mineras queda como beneficio para el Estado peruano”. Con esto, al 2050 —según INGEMMET— US$ 758,000 millones quedarían como beneficio para el Estado. Es decir, ¿cuántos hospitales, colegios, carreteras, puentes, vías ferroviarias, plantas de agua potable y energía eléctrica se podrían construir en el país? ¿Y cuántas incubadoras, computadoras y antenas de Internet se podrían instalar para beneficiar a más peruanos? 

Si la comisión de alto nivel que propone el presidente Martín Vizcarra modifica y cede a la propuesta de la izquierda antisistema de, por ejemplo, establecer tasas altas por la renta a las empresas mineras, las proyecciones de Ingemmet y del IPE serían imposibles de concretarse, perjudicando gravemente al país. Un retroceso enorme. 

El anteproyecto de la nueva ley general de minería de La Mancomunidad del Sur —conformada por Arequipa, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna— propone la creación de la Empresa Minera del Perú. Según esta iniciativa, como en la dictadura velasquista, el Estado participará de la actividad minera, tal como lo hizo con Centromin Perú, Minero Perú y Hierro Perú entre otras empresas. Pero todos sabemos que los resultados catastróficos del experimento minero socialista son incuestionables. 

Por su lado, Verónika Mendoza, de Nuevo Perú, ataca frontalmente a la minería señalando que en lugar de “concesiones”, el Estado debe otorgar “permisos” por cinco años. La ex congresista y aspirante a la presidencia del país desconoce el tiempo que demoran las exploraciones mineras, los plazos para gestionar y obtener numerosas licencias, permisos y certificados antes de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Desconoce, asimismo, el tiempo necesario para construir la mina y la “vida útil” de los proyectos. 

Gracias a la minería, regiones como Áncash y Apurímac han aumentado hasta en 2.5 veces sus presupuestos. Municipalidades distritales en Chumbivilcas (Cusco), firman convenios de cooperación con la minera canadiense Hudbay de hasta S/ 3 millones cada año para desarrollar proyectos relacionados con la educación, salud, medio ambiente y actividades económicas de los comuneros. Fondos sociales como en Cajamarca, de US$ 400 millones, por el proyecto Michiquillay, contribuyen con el desarrollo de diversos distritos (como La Encañada, Baños del Inca, Llacanora y Namora). 

Gracias a la minería, distintos proyectos hídricos, de riego tecnificado están disminuyendo los niveles de pobreza y desocupación en los lugares más alejados del país, en donde el Estado históricamente siempre ha estado ausente. Además, el 5% del canon sirve para la innovación científica y tecnológica desarrollada en las universidades públicas. En 2018 fueron transferidos S/ 154 millones a las universidades nacionales por este concepto.

El presidente Vizcarra, pues, parece decidido a jugar con el fuego que suele alimentar la izquierda en contra de las inversiones mineras.