De golpista a golpista

Recientemente Martín Vizcarra Cornejo ha afirmado que Pedro Castillo Terrones no protagonizó un golpe de Estado, sino que únicamente pronunció “un mensaje golpista”; no llegó a concretar un golpe, por lo tanto, estaría injustamente detenido. Bajo ese peculiar análisis del delito, un sicario que no logra asesinar a su víctima debería ser puesto en libertad, en consecuencia, la acción criminal se vería estimulada en lugar de ser desincentivada.

Martín Vizcarra, bajo una interpretación “jurídica” sui generis, el 30 de setiembre de 2019 señaló que el Congreso de la República le negó fácticamente la confianza. En consecuencia, decidió cerrar el poder del estado que fue electo en las elecciones generales del 2016, cuando se eligió a los miembros del parlamento y del Poder Ejecutivo, en las que salió electo Pedro Pablo Kuczynski como presidente y como primer vicepresidente de la república Vizcarra.

Vizcarra, por arte de birlibirloque, decide transmutar el principio de la realidad para decirle a la ciudadanía que Pedro Castillo no cometió un golpe de Estado, que solo leyó un mensaje anunciando el cierre del Congreso y ordenando la intervención policial del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación, que lo había denunciado por actos de corrupción. Lo que sucedió es que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no respaldaron el golpe de Estado, decidieron defender la Constitución; esa es la razón por la que no logra consolidarse, pero eso no quiere decir que no hubo golpe de estado.

Si el Perú adoptase como valedera esta “teoría jurídica pro-crimen”, en adelante, un delincuente que sea atrapado en flagrancia debería ser liberado porque no concretó el hurto o el asesinato o la extorsión o un acto terrorista. Imaginemos que algún sospechoso es perseguido y atrapado con una bomba cerca de una tienda que estaba siendo extorsionada, pero como el criminal no llegó a activar el fulminante; luego, el delincuente podría argumentar que no hubo la intención de atemorizar a nadie, que le gusta pasear explosivos. Ni la teoría de “la negación fáctica de la confianza” ni el novísimo “mensaje golpista” serían admitidos como valederos por ningún ordenamiento jurídico constitucional que se respete.

Ante la orfandad política y el nulo respaldo ciudadano de Martín Vizcarra, no obstante, el apoyo que recibe de un sector del aparato estatal y la conveniente desinformación sobre los hechos delictivos que se le imputan, contra él no hay prisión preventiva y se le permite hacer campaña política a pesar de que están suspendidos sus derechos para ejercer cualquier cargo público. Su equipo pretende cuestionar el próximo proceso electoral indicando que no serán democráticos porque no se le permite participar a pesar de contar con “apoyo popular”.

Su caso es similar al de Susana Villarán, acusada, denunciada, con pruebas en su contra. En adición ella sí es convicta y confesa de corrupción, pero se encuentra libre o en el peor de los casos con prisión domiciliaria, lo único que ha perdido es su piscina frente al mar porque no contaba con licencia de construcción.

Contra Martín Vizcarra, también, se dispone de múltiples pruebas. José Manuel Hernández, extitular de Desarrollo Agrario y Riego (nombrado por el ex mandatario), ha decidido convertirse en colaborador eficaz y ofrece un testimonio sobre un presunto soborno ascendente a S/ 1.3 millones que habría sido recibido por Vizcarra cuando ejercía el cargo de gobernador de Moquegua, con motivo de la construcción del Hospital regional. 

Entonces, ¿por qué Vizcarra se suma a la demanda de los Castillo? Porque necesita atraer a quienes se encuentran en la orfandad política para sumar aliados a sus pretensiones de volver al poder.