La minería ilegal actúa con violencia

Recientemente un bus de pasajeros fue atacado a pedradas por una turba que apoyaba la protesta de los ¿mineros artesanales? En días previos, otra turba atacó un vehículo de transporte de personal en la provincia de Islay, en este caso eran trabajadores formales de un proyecto minero.

¿Y el libre tránsito garantizado por la Constitución política de 1993? El grupo de violentistas hace caso omiso de lo establecido en la carta magna, artículo 2, inciso 11: toda persona, nacional o extranjera con residencia legal, puede transitar libremente por el territorio nacional.  ¿Y el derecho a su integridad de las personas heridas?

¿El derecho a la protesta tolera la vulnerabilidad de derechos fundamentales de las personas, como la vida y la salud? Claro que no. La extensión indefinida del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), o como se le quiera denominar, manteniendo lo esencial de la norma vigente representa una derrota del Estado nacional y un amanzanamiento frente a acciones de violencia que resultan intolerables en un país que se dice civilizado.

Tomar las carreteras por asalto para chantajear al Estado es una ilegalidad. También tratar de imponer que ninguna norma ambiental se les debe aplicar porque son “artesanales”, inclusive cuando ingresan por asalto a concesiones que el Estado ha otorgado con anterioridad a titulares mineros formales.

El Estado debe asumir su responsabilidad y actuar en defensa del estado de derecho, porque las normas son de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos. Miles de ciudadanos están siendo perjudicados por la acción de los mineros ilegales; por ejemplo, los pequeños agricultores, los agroexportadores y los empresarios que instalaron sus industrias en provincias para fomentar la descentralización y en la actualidad no pueden llevar su mercadería hacia su destino nacional o a los puertos, si se dirigen al extranjero. 

Están siendo perjudicadas las personas que debían acudir a una cita médica y que el bloqueo de carreteras se lo impide, porque algunos creen que su derecho debe imponerse a los demás ciudadanos. Y el árbitro denominado Estado brilla por su ausencia. O simplemente afirma que: “la policía intervendrá, pero sin el uso de la fuerza.”. 

Se pretende que la policía los invoque a la reflexión, les ruegue que por favor liberen las carreteras. Obviamente no lo harán y luego vendrá el desabastecimiento de los mercados. Y la protesta singular de un grupo de mineros ilegales se trasladará a los hogares porque las madres de familia no hallarán alimentos en los mercados.

Máximo Franco, presidente de Confemin, se toma la potestad de advertir a las autoridades que la protesta de sus agremiados se radicalizará si es que el proyecto de Ley MAPE no recoge sus demandas; es decir, ahora tenemos a un nuevo legislador que, al mismo estilo de un dictador, señala lo que el parlamento debe legislar.  Singular democracia la que se vive en el Perú.