Congreso destruye economía con cédula viva para docentes

En segunda votación el Congreso aprobó la ley que establece que las pensiones de docentes jubilados y cesados serán de S/ 3,300 mensuales, que corresponde a un docente de la primera escala de la Carrera Pública Magisterial. Si bien José Jerí, presidente del Congreso, celebró la medida como si se tratara de una victoria para el país, lo cierto es que la decisión del Legislativo agrava la emergencia nacional con respecto a la trayectoria fiscal y los ingresos tributarios del Estado.

La ley aprobada establece que los 162,000 profesores jubilados y cesantes de la educación básica regular ganarán S/ 3,200 y la proyección de gasto estatal sobrepasa los S/ 5200 millones. ¿Acaso los congresistas no saben que el 2024 el déficit fiscal sumó 3.6 % del PBI sumando dos años de incumplimiento de la regla fiscal, situación que ha disparado las alarmas en las acreditadoras internacionales con respecto a los grados de inversión del país?

La irresponsabilidad del Legislativo en un año electoral es superlativa y se suma a las bombas de tiempo que está dejando el Ejecutivo con el aumento de gasto público –sobre todo en el llamado gasto corriente– y los perpetuos rescates de Petroperú, la petrolera estatal quebrada y sin viabilidad económica, que desde el 2016 a la fecha suman más de US$ 5,000 millones. 

Para el presente año el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está considerando un déficit de 2.2%, sobre todo por la reactivación económica y el incremento de la recaudación. Sin embargo, ¿cómo se puede alcanzar esas metas si el Congreso ingresa en una farra electoral? Es evidente que las bancadas legislativas comenzaron a desarrollar sus estrategias de campaña con este tipo de decisiones, no obstante que el artículo 79 de la Constitución les niega iniciativa de gasto.

Vale informar que, desde el 2019 hasta la fecha, el gasto corriente –sobre todo el vinculado a las planillas– no ha cesado de expandirse. Por ejemplo, en el 2025 se ha proyectado un gasto corriente de aproximadamente S/. 164,000 millones. Un incremento de más de S/ 25,000 millones con respecto a lo gastado en el 2021. ¿Cómo se puede sostener una economía de ingreso medio con este tipo de aumentos en los gastos estatales?

Una de las cosas más lamentables en este debate es que las pensiones de los jubilados es un asunto de interés nacional de todos los peruanos de buena voluntad. Sin embargo, lo que no se puede hacer es comenzar a aprobar aumentos a diestra y siniestra, porque se inicia la campaña electoral. Es evidente que se están poniendo en peligro los fundamentos económicos del país y se hipoteca el futuro económico de las nuevas generaciones.

En cualquier caso, ¿cuál sería la consecuencia natural de este tipo de medidas para evitar que la trayectoria fiscal no se descontrole? El aumento de impuestos; es decir, más recursos del sector privado para el Estado. En este contexto, imaginar trasladar recursos del Estado –a través de una reforma tributaria que simplifique el cobro y reduzca tasas– para multiplicar la inversión y reinversión se vuelve una imposibilidad.

La decisión de crear una cédula viva entre los docentes es evidente que despertará expectativas en otros sectores e, incluso, fomentará marchas sociales, porque los congresistas –en contra de la Constitución y las leyes nacionales– están creando un Estado redistribuidor, un Estado de bienestar a la europea que, tarde o temprano, desatará una crisis.

Por todas estas consideraciones el Ejecutivo debe observar esta ley que no es responsable, y el Tribunal Constitucional debe poner orden en este asunto: los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto.