Un “no” no siempre es “no”, según el INEI

La semana pasada estaba a punto de redactar una nueva columna ironizando sobre la desaparición de Lisa, la tierna chatbot del INEI, cuando se anunció que había desaparecido una censista. Este regreso brusco a lo que podía ser un nuevo caso real de inseguridad ciudadana me cortó las ganas de escribir. 

Ahora que Aydaluz fue encontrada (aunque las circunstancias de su desaparición se mantienen en la penumbra), el caso de Lisa sigue sin resolverse. Y en vez de revivir a su asistente virtual para contestar con un mínimo de honestidad y rapidez, el INEI optó por instalar un vulgar WhatsApp al que, vaya sorpresa, nadie contesta. No es que uno pueda acudir a otros canales, obviamente lo intenté, pero hay que hacerse a la idea: el INEI no responde a oficios con cargo, ni a correos, ni a llamadas.

Ojo, si bien para el ciudadano común y corriente no participar del censo es legal (lo confirma el jefe del INEI a 14 minutos y 30 segundos en esta entrevista), para la autoridad, no responder a una petición formulada por la población constituye una infracción constitucional según el artículo 2, inciso 20 de nuestra Carta Magna … A ver si algún pseudo-constitucionalista quiere arriesgarse a darme la contra. 

Sobre todo, no responder a peticiones formuladas por la ciudadanía constituye también una doble vara moral. Porque el Instituto, por su parte, toma muy mal el hecho que la gente pretenda ejercer masivamente su derecho a no participar de un censo anticipado y por lo mismo violador de la misma ley 13248 que lo enmarca. 

Es así que en el caso de más de 300 familias que se negaron a responder a los censistas (sic): “el director regional del INEI en Junín, Jhon Zumaeta, señaló que los censistas volverán a los hogares acompañados de promotores que ofrecerán información y orientación. El objetivo es minimizar el rechazo y explicar la finalidad del censo, subrayando la relevancia de la participación para generar datos que beneficien a la comunidad”.

O sea, un “no” no siempre es “no”. Quizás en el INEI andan buscando inspiración en manuales malentendidos sobre “negociación persuasiva” en vez de hojear, mejor, un libro serio sobre consentimiento.

Y si de generar datos que beneficien a la comunidad se trata, sigo pensando que en vez de hacer preguntas incómodas, ya sea sobre el DNI o sobre la autopercepción racial, habría sido muchísimo más interesante que el INEI aprovechara los censos para hacer un verdadero mapeo de la inseguridad. Bastaba con formular, por ejemplo: 

- ¿Usted o algún miembro de su hogar ha sido víctima de robo, hurto, agresión física, extorsión, etc.

- En caso afirmativo, ¿denunció en la comisaría? Si no, ¿por qué?; si sí, ¿qué resultado obtuvo?

- En una escala del 1 al 10, ¿qué tan seguro considera su distrito, barrio o asentamiento?

Pero claro, medir la inseguridad real podría dejar en evidencia que el Estado – ese que se sueña a sí mismo como benefactor y justiciero social- ni siquiera puede cumplir con su función soberana esencial (lo que en francés se llama “fonctions régaliennes”): garantizar algo de seguridad para las personas y sus bienes. Y no es que los propios censistas también viven en carne propia la inseguridad.