¿Los juicios de Lima y las persecuciones institucionalizadas?

La historia está repleta de momentos en los que el poder político, abusando de sus facultades cuasiabsolutas y ante la inexistencia de límites, persiguió a sus opositores políticos o ideológicos. Estos escenarios se han dado contra todas las banderas políticas e ideológicas.

Hace casi 300 años tuvimos los juicios de Salem, por los cuales se procesaron a más de 100 personas y se condenaron a cerca de 20 por motivos estrictamente religiosos. El fanatismo e irracionalidad demostraban, como pocas veces en la historia, el daño social que pueden causar, sobre todo si no contamos con ciertas garantías.

En el otro extremo del atlántico, y previamente a la Revolución francesa, el rey podía (y de hecho lo hacía) perseguir a ciertos ilustrados que amenazaban al statu quo de aquel entonces. Lo propio ocurrió en plena revolución cuando aplicando el “gran terror” se persiguió a personajes afines al “antiguo régimen”, guillotinándolas si no le simpatizaba a alguno de los locos revolucionarios que había por aquel entonces.

Posteriormente en el escenario ideopolítico se darían los juicios de Nuremberg y los juicios de Moscú, famosos juicios mundiales por instrumentalizar el derecho a perseguir y acabar con personas que se consideraban “inferiores” o simples adversarios políticos. 

Finalmente tenemos a nuestro país que, a lo largo de diversos gobiernos autoritarios y democráticos, persiguió a distintos personajes usando, de manera cobarde, los instrumentos jurídicos existentes (baste ver el caso de Haya de la Torre).

Todos estos escenarios, en distintos lugares y épocas, nos hacen ver la indefensión que tuvo el hombre frente a los excesivos poderes estatales, sin ninguna garantía y muy lejos de lo que hoy se conoce como “debido proceso” y “tutela jurisdiccional efectiva”.

Hoy en día, con el avance del constitucionalismo y la constitucionalización del derecho, pareciera que hemos superado ciertas épocas de barbarie y, a pesar de las más grandes pulsiones que tiene el hombre, ha podido ser domado por ciertas garantías e instituciones que limitan el poder político. En teoría eso es lo que debería pasar. Sin embargo, la realidad es más poderosa que la teoría.

En el Perú hace poco se acaba de anular el juicio a Keiko Fujimori, básicamente debido a que este juicio no estaba respetando el debido proceso y había tenido varios vicios procesales en momentos previos. Gracias al Tribunal Constitucional, por ejemplo, se destapó que habían “corregido” 19 veces al ex héroe fiscal José Domingo Pérez.

Las irregularidades no quedan allí, por citar algunos ejemplos: El fiscal “abarcó” a muchas personas, lo que impedía hacer una correcta imputación; el fiscal, de manera sorpresiva y sin investigar, acusó a la lideresa, curiosamente, un mes antes de las elecciones del 2021 (lo que le permitió a cierto diario caviar sacar una gran portada); al fiscal le dicen, en audiencia, que “aprenda a imputar”; el fiscal cree que la criminalidad se hereda (palabras suyas en audiencia). Y, si bien es cierto que no pertenece al caso, se acusó a un expresidente, su secretaria y su chofer de conformar una “organización criminal”. La esquizofrenia fiscal fue fuerte en este último caso.

Pero no solo cierto fiscal es responsable, sino también quienes, en teoría, deberían ser garantes de los derechos fundamentales como son los jueces. No olvidemos que hay ciertos jueces “carceleros” que paran concediendo prisiones preventivas (para que luego sus superiores las revoquen) y que fue un juez quien fue mesa de partes de un fiscal incompetente. Son, como dirían algunos, fiscales encubiertos.

Estos casos no solo se quedan entre la caviarada contra la derecha, sino que también se dan en nuestra derecha contra la caviarada (aunque en menor medida): se ha aprendido y se tienen los incentivos para que, mediante la instrumentalización de la acción penal y copando partes del poder judicial se pueda destruir a nuestros adversarios políticos, sin importar lo que diga la Constitución o las garantías procesales, lo único que importa es ganar la batalla política, destruir el honor y reputación de mi adversario y que este se avergüence de estar en política.

Así como con la religiosidad en Salem, hoy en día los medios (vendidos) de comunicación juegan un papel trascendental en el señalamiento o cancelación de personajes políticos que no les puede agradar, lo que se conoce como “juicios paralelos”, lo que no hace sino reforzar más ese perverso incentivo de instrumentalizar al derecho para fines políticos.

Evidentemente no se puede hacer una comparación en estricto sobre los horrores del pasado con los juicios presentes, pero sí podemos advertir algo que, salvo a personajes oscuros y cobardes, no beneficia a ninguna persona en sociedad: se están haciendo persecuciones políticas institucionalizadas. El ocaso de la sociedad y del derecho.