¿Inteligencia Artificial sin regulación?

La orden ejecutiva de Donald Trump destinada a bloquear o desregular  la inteligencia artificial no es una simple discrepancia técnica sobre innovación. Es una decisión política de enorme gravedad, implica la renuncia deliberada del Estado a gobernar una de las fuerzas más poderosas jamás creadas por la humanidad. Su escasa difusión mediática forma parte de su letalidad, ha pasado desapercibida lo cual aumenta  su impacto real absolutamente inquietante, revela hasta qué punto el debate público sigue subestimando el alcance real del poder tecnológico.

La inteligencia artificial no es una promesa, es la infraestructura de poder en tiempo presente. Decide quién accede a un crédito, quién es vigilado, quién es descartado por un algoritmo de selección laboral, qué contenidos se amplifican y cuáles se silencian, qué relatos políticos se refuerzan y cuáles se debilitan. Su capacidad de aprender, replicarse y operar a escala planetaria la convierte en un actor político profundamente influyente. Sostener que la IA puede autorregularse o quedar librada al mercado no es ingenuidad: es una toma de partido a favor de la concentración del poder de las grandes tecnológicas.

Afirmar que la regulación frena la innovación es una falacia funcional a los grandes intereses corporativos. Nunca en la historia una tecnología de alto impacto fue abandonada a su propia lógica sin consecuencias devastadoras. La energía nuclear, la aviación, la medicina, la industria farmacéutica y las telecomunicaciones avanzaron porque fueron reguladas, supervisadas y sometidas a responsabilidad pública. La IA por su capacidad de intervenir en la cognición humana, en la conducta social y en la estructura misma de la democracia, exige un nivel mayor de control ético, jurídico y político.

Trump con esta orden no protege la libertad ni estimula el progreso, deja en indefensión  a los seres humanos mientras despeja obstáculos para que el poder tecnológico, su aliado financiero, opere sin contrapesos. Al bloquear la regulación, se debilita la transparencia, se neutralizan los controles sobre sesgos y discriminación algorítmica, y se normaliza un modelo de vigilancia y manipulación que erosiona silenciosamente la autonomía humana. La IA sin regulación no es neutral: favorece al más fuerte, al que concentra datos, infraestructura y capacidad de influencia global.

Este giro es grave en contraste con la Unión Europea que avanza, con claridad normativa, hacia un marco de regulación basado en derechos humanos, responsabilidad y control democrático. Trump opta por el camino inverso: el laissez-faire tecnológico, donde el Estado se repliega y el mercado ocupa el lugar de la política. No se trata de una diferencia técnica hay una disputa profunda sobre quién gobierna el futuro, si serán los pueblos o las plataformas.

La falta de resistencia a esta amenaza es parte del problema. La IA se presenta aún como comodidad, eficiencia o entretenimiento, cuando en realidad está reconfigurando las relaciones de poder, el trabajo, la información y la misma idea de libertad. Renunciar a regularla es aceptar que decisiones fundamentales queden en manos de sistemas opacos, diseñados para la rentabilidad y no para el respeto de la dignidad humana. La historia no juzgará solo a quienes desarrollaron tecnologías sin límites, también a quienes, sin responsabilidad política alimentaron lo que podría ser el nuevo rostro de la tiranía. Trump pone en riesgo humano sin poner en riesgo la democracia, la justicia y la condición misma de lo humano. Regular la IA no es una opción, es una altísima responsabilidad política, ética y social.