¿Sin estrategia para detener la ofensiva antiminera?

Es evidente que el Perú es una sociedad bloqueada –para no usar términos gastados de la sociología–, en donde existe un Estado disfuncional que no provee servicios mínimos de seguridad y de justicia. Menos todavía en asuntos vinculados a las infraestructuras básicas (agua potable, desagüe, carreteras, escuelas y postas médicas). Con la crisis política desatada luego del golpe fallido de Pedro Castillo y la imposibilidad del Ejecutivo y del Congreso de llenar el vacío de poder que se ha instalado en el sistema se puede hablar, incluso, de que existe una peligrosa tendencia a la anarquía que debe ser resuelta en las próximas elecciones nacionales.

Al lado de esta situación se debe agregar la destrucción general de cualquier referencia a un sistema de partidos políticos. No existen sistemas de intermediación entre los diferentes intereses que colisionan en la sociedad y el Estado. Sin partidos y sin Estado la democracia no se derrumba gracias a la fortaleza del modelo económico y el gigantesco papel que cumple el sector privado (formal e informal) en defender la peruanidad.

¿A qué viene todo esto? Si no existieran estas disfuncionalidades, no habría, por ejemplo, la extrema conflictividad minera. ¿Por qué? El Estado proveería los servicios y las poblaciones y comunidades entenderían que el bienestar y la prosperidad de las regiones y poblaciones se explica por el desarrollo de la minería moderna. Y como todos sabemos, las mineras modernas, las mineras de talla mundial, son las más escrupulosas en cuidar el medio ambiente, en pagar todos sus impuestos y en respetar todos los derechos laborales. De lo contrario, un simple escándalo en estos temas derrumba las acciones de las corporaciones en las diferentes bolsas del mundo.

En este contexto, si hubiese algún problema entre la comunidad y las empresas ante la ausencia del Estado tendrían que estar los partidos democráticos. Defensores de la democracia y la economía de mercado, los partidos buscarían alianzas naturales entre las poblaciones y las comunidades con las empresas mineras para exigir al Estado (gobierno central, regiones, municipios) que cumpla con sus responsabilidades en la provisión de los servicios a la población.

No hay Estado ni partidos y las empresas mineras se quedan inermes frente a grupos y movimientos liderados por dirigentes marxistas expertos y curtidos en generar conflictos sociales. Políticos encallecidos versus tecnócratas parece ser el choque. Y las empresas y corporaciones no reaccionan ante esta realidad de manera correcta. Si bien es cierto que la naturaleza de las corporaciones se explica solo por la inversión, la productividad y la creación de riqueza, las estrategias que desarrollan no tienen ningún impacto para detener la ofensiva antiminera. 

¿Cómo así? Un sector de empresas y corporaciones suelen recurrir a consultoras que solo priorizan el Perú formal: los medios de comunicación tradicionales, campañas publicitarias, relaciones con los ministerios e intentos de llegar a las bancadas del Congreso. Semejante estrategia se reduce al Perú de la formalidad; es decir, solo al 20% de la sociedad.

Los marxistas y curtidos activistas de las últimas décadas, por el contrario, forman oenegés, desarrollan movimientos sociales, organizan frentes de defensa con todos los relatos habidos y por haber –desde temas ecológicos hasta deudas y obligaciones inventadas– y, de pronto, las empresas y las corporaciones aparecen frente a las poblaciones y comunidades sin ninguna intermediación. La estrategia marxista empieza a triunfar. La lucha de clases se vuelve movimiento, se materializa.

Bajo estas estrategias se han detenido todos los proyectos mineros en las últimas décadas y, en ese contexto, el desarrollo de la minería informal hoy ha dado paso a la minería ilegal, que ha avanzado significativamente en Pataz y en el corredor vial del sur. En el proyecto Las Bambas el nuevo tajo Chalcobamba –uno de los proyectos de cobre más grande del mundo– ha sido tomado por la minería ilegal a vista y paciencia de la sociedad y el Estado.

Es evidente que la solución a esta situación tiene que venir desde el fortalecimiento del Estado de derecho y la recuperación del principio de autoridad de la democracia. Sin embargo, las empresas y corporaciones mineras, mientras intentan detener la ofensiva antiminera, deberían ensayar formar un frente de desarrollo que se contraponga al frente marxista antiminero, deberían revalorar la importancia del tema ideológico y las narrativas para intentar una estrategia social alternativa.

Si se duda vale preguntarse: ¿cómo empezó todo esto? Pues con las oenegés antimineras, con los primeros relatos contra la minería. ¿O no?