Pacto contra la minería ilegal

La Dra. Julia Torreblanca, presidente de la Sociedad de Minería Petróleo y Energía, ha señalado que el Perú requiere un pacto contra la minería ilegal, que hay que cambiar nuestro país, y hace una invocación a todos los partidos políticos para que suscriban dicho compromiso. 

Las intenciones del gremio de la minería formal son de las mejores ¡qué duda cabe! Hay que apoyar dicha iniciativa; sin embargo, también cabe preguntarse si los actores políticos estarán dispuestos a hacerlo. La minería ilegal ha penetrado diversas instituciones, un sector de la clase política local, regional y nacional. Inclusive algunos elementos de las fuerzas del Estado estarían siendo partícipes de esta actividad o prestando protección a la criminalidad que se financia tanto de la minería ilegal, como del narcotráfico, la tala ilegal la trata de personas y, lo más condenable, hasta del sicariato y el asesinato de ciudadanos y poblaciones indefensas que habitan en zonas remotas o alejadas de la serranía y la selva.

Bien dice el dicho, más vale tarde que nunca. El avance de la minería ilegal ha sido sistemático desde fines de los años ochenta. Comenzó en Madre de Dios a través de los “lavaderos” de oro, después los mineros ilegales emplearon dragas y hasta declararon zonas liberadas del estado de derecho, porque eso es lo que realmente sucedía. Posteriormente, se produjo el secuestro de jóvenes y hasta niñas para ponerlas a su servicio, la corrupción le siguió los pasos y la mejor manera que tuvieron algunas autoridades fue hacerse de la vista gorda mientras el fenómeno se acrecentaba.

A continuación, la minería legal se fue posicionando en la serranía, ocupando las áreas potenciales para aprovechar el mineral que albergaban. Se fueron acercando a las concesiones de los titulares que se encontraban explotando una operación formal y, subsecuentemente, decidieron invadir al titular minero, amenazándolo si no accedía a desocupar la mina que había desarrollado.

Demás está afirmar que los mineros ilegales no pagan ni pretenden pagar impuestos, menos canon y regalías mineras. Tampoco les interesa contar con registro alguno, porque si no lo obtienen de manera lícita, siempre habrá alguien dispuesto a proporcionárselo para que el mineral de todos los peruanos sea comercializado de manera irregular por las redes del crimen transnacional.

Lamentablemente, nuestra clase dirigente está acostumbrada a hablar a media voz, haya o no pacto infame, como acuciosa y quizás certeramente esgrimió Manuel González Prada desde fines del siglo XIX.  Esperemos que, en adelante, los gremios empresariales hablen con voz firme, con indignación, y que también presenten alternativas, porque los riesgos que enfrenta el país son vastos y complejos. La minería ilegal es uno de ellos, pero con similar magnitud se requiere expresar el malestar por otras taras de la sociedad como la desnutrición infantil que condena a un sector de la población a una vida precaria en el futuro, por los bajos niveles de productividad que podrá generar, convirtiéndolo en presa fácil de políticos inescrupulosos que detenten el control del Estado.