Huyendo del gobierno y las reformas

Poco a poco el presidente Martín Vizcarra parece dejar en claro que no utilizará su popularidad para transformar el país. Las señales son evidentes: en un acto que dejó perplejo al sector privado, señaló que la licencia de construcción del proyecto Tía María se otorgaría en coordinación con las nuevas autoridades regionales. En agosto vence el EIA del proyecto. ¿Años de esfuerzos perdidos por el Estado, la empresa y las poblaciones? En el acto, Elmer Cáceres, nuevo gobernador regional de Arequipa, señaló que Tía María no iba. De otro lado en el Corredor Minero del Sur, área en la que se produce más del 50% del cobre nacional y que agrega más de un punto al PBI nacional, continúa una ofensiva antiminera contra Las Bambas y Antapaccay, incluso, con ataques a un campamento policial. La respuesta del Ejecutivo: negociar con los violentistas exonerándolos de algunos tributos locales. El Estado en plena disolución.

Pero no solo se trata de que la administración nacional abandone sus responsabilidades —en el sur, en la reconstrucción del norte y el combate a la ola criminal— frente al avance de la anemia, sino que semejante conducta socava la autoridad nacional y fomenta que las estrategias antisistema se apoderen de parte del Estado, a través de los gobiernos regionales. Por ejemplo, los gobernadores de Puno, Walter Aduviri, de Moquegua, Zenón Cuevas, y de Arequipa han promovido acuerdos directos con el gobierno boliviano para comprar balones de gas subsidiado. El asunto fue tan grave que el Ejecutivo tuvo que “refrendar” el acuerdo.

Aduviri también se opone a la gran inversión en los yacimientos de litio, Cuevas exige 10% más de impuestos a las inversiones mineras (al margen de la legislación nacional), Cáceres se opone a ampliar el presupuesto de Majes Siguas II (como lo establece el Tribunal Constitucional) y, al margen de la Constitución y las leyes, exige que solo se venda hasta cinco hectáreas en las tierras a subastarse en el mencionado proyecto. Y, para rubricar el desgobierno en el Estado nacional, el gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, anuncia que implementará su propia currícula regional en la que seguramente se adoctrinará a los jóvenes del centro con todas las teorías colectivistas y anticapitalistas.

En este contexto, el ministro de Economía, Carlos Oliva, anuncia que el Perú creció menos de 4% en el 2018, y que para el próximo año hay confianza de superar esa cifra. El ministro tiene una frase para recordar: “Si por combatir la corrupción se va a caer el PBI, mala suerte”. Si se vuelven a decir estas cosas, de pronto el desgobierno nacional que se acumula comenzará a ser un simple derivado de la corrupción. La cosa es grave. Con ese crecimiento casi no se puede reducir pobreza, y no sería extraño que se vuelva a aumentar este flagelo social, tal como sucedió en el 2017. Sin embargo, Oliva señala que este crecimiento tiene que ver con los límites del PBI potencial.

Y aquí viene otro asunto fundamental: las reformas que se necesitan para elevar el PBI potencial que los economistas ubican en alrededor del 4.5%. Y otra vez sobreviene la sorpresa. Por ejemplo, la nueva ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, acaba de señalar que en “la reforma laboral” que se proyecta no se considera la reducción de sobrecostos laborales y que todo debe pasar por el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) y el poder de veto de la CGTP, la conocida central sindical marxista. El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, también parece de la misma opinión.

El presidente Vizcarra no parece dispuesto, pues, a utilizar su popularidad para coger las papas calientes que le demanda la gobernabilidad e impulsar las reformas urgentes que el Perú necesita para relanzar el crecimiento y seguir reduciendo pobreza. En este contexto, la izquierda antisistema sigue ganando e imponiendo su modelo.