Ley de oenegés sin reglamento todavía

El Ejecutivo y la Cancillería de la República todavía no se animan a elaborar el reglamento de la ley sobre oenegés, que incrementa las funciones de control de la Agencia de Cooperación Internacional (APCI) en los recursos que reciben las oenegés del exterior, a semejanza de todos los países desarrollados y las democracias más consolidadas. 

Si bien todavía no se vencen los plazos para promulgar el reglamento sorprende la demora del Gobierno enlreglamentar esta norma, sobre todo luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en acto que representa una clara extralimitación de sus atribuciones y una clara violación del Estado de derecho, sostuviera que el Estado debería derogar la ley en cuestión porque viola la libertad de expresión, el derecho a la asociación, la participación política e, incluso, la posibilidad de acceder a la justicia.

¿De dónde se sacan argumentos tan descabellados? Es como si desde la CIDH se pretendiera crear una casta de actores de la vida pública que reciben fondos del exterior sin ningún tipo de control en un momento en que las economías ilegales se globalizan y se sofistican; en un momento en que los competidores externos del Perú en los mercados mundiales pretenden destruir la producción nacional financiando campañas de leyendas que no resisten el menor escrutinio. De otro lado, ¿cómo se puede argumentar en ese sentido si en Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y otras sociedades desarrolladas existen legislaciones con regulaciones parecidas, incluso con penas más severas.

Lo cierto es que, si una ley no se reglamenta por el Ejecutivo, en la práctica, se deroga. Y todo indica que algo parecido estaría sucediendo.

Una de las cosas más paradójicas de este debate es que los sectores progresistas y de izquierda que promueven la desregulación de las oenegés en nombre del derecho a la participación ciudadana son los mismos que, en las últimas tres décadas, ha alentado todas las sobrerregulaciones habidas y por haber en contra de los partidos políticos y las empresas. ¿Cómo entender esta especie de esquizofrenia?

Los partidos políticos en el Perú se han sobrerregulado de tal manera que, incluso, se restringió al límite el financiamiento privado para las organizaciones políticas. Una situación que ha cambiado parcialmente gracias a una reciente reforma del Congreso. La sobrerregulación de los partidos se produjo no obstante que estas entidades están controladas por los electores en los sufragios nacionales; control que, incluso, puede llegar a sancionar la extinción de un determinado partido político.

La actual fragmentación de la política y la crisis de representación del sistema democrático proviene de esta exagerada sobrerregulación que alentó al progresismo. Sin embargo, ¿se promueve el libertinaje de las oenegés en el manejo de fondos del exterior? Incomprensible.

Asimismo, todos sabemos que las izquierdas han alentado la burocratización del Estado y las sobrerregulaciones del funcionamiento de las empresas siguiendo a pie juntillas las tesis marxistas. A pesar de que las empresas son fiscalizadas por los consumidores, los progresistas quieren más sobrerregulaciones para el sector privado. ¿Cómo entonces entender la voluntad de desregular los fondos externos que reciben las oenegés?

En fin, cualquiera sea el ángulo de análisis no se puede sostener el argumento de que la ley que incrementa las funciones de la APCI en el control de los recursos externos de las oenegés atenta contra los derechos de los ciudadanos en la participación de la vida pública.