La renuncia del Gabinete Adrianzén y el aislamiento político de Palacio

Ante una evidente mayoría que se formaba en el Congreso para censurar al presidente del Consejo de Ministros, el propio Gustavo Adrianzén procedió a presentar su renuncia y evidentemente el consejo de ministros también dimitió. Al cierre de esta edición, Eduardo Arana, el ex titular del sector de Justicia, juramentó como nuevo presidente del Consejo de Ministros.

Lo cierto es que la renuncia del Gabinete Adrianzén revela el profundo aislamiento del Ejecutivo ante la crisis de seguridad ciudadana y el desborde de la ola criminal. El caso del asesinato de 13 trabajadores mineros en la provincia de Pataz (en la región La Libertad), parece haber representado la gota que rebalsó el vaso. Partidos y movimientos de la centro derecha que habían contribuido a la gobernabilidad luego del golpe fallido de Pedro Castillo –tales como Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y Somos Perú– se aprestaban a formar una mayoría para la censura.

En este desenlace quedó en evidencia que el Ejecutivo solo contaba con el respaldo de Alianza para el Progreso (APP), movimiento de César Acuña. El referido partido, incluso, sumó otro ministro en el Ejecutivo: César Sandoval, militante de APP, asumió la gravitante cartera de Transportes y Comunicaciones. De esta manera el partido de Acuña contaba con dos ministerios en el Ejecutivo. Asimismo, la falta de una política pública para enfrentar el desborde criminal se hizo evidente: Carlos Malaver reemplazó en el Ministerio del Interior a Julio Díaz Zuloeta, quien estuvo al frente del despacho por menos de dos meses.

Lo que sí sorprendió a tirios y troyanos y, sobre todo al sector empresarial del país y a quienes apuestan por la estabilidad de la economía, fue el relevo del Ministerio de Economía y Finanzas de José Salardi y su reemplazo por el ex ministro de Transportes Raúl Pérez Reyes. ¿Cómo entender este cambio cuando la economía comenzaba a moverse hacia arriba y diversos proyectos a destrabarse? Todo indica que Salardi no era lo suficientemente populista como mandan los requerimientos oficiales: se negó a seguir apoyando los irresponsables rescates financieros de Petroperú, pisó el acelerador de las asociaciones público-privadas (en vez de dilapidar la caja fiscal, como suelen demandar las izquierdas y el estatismo) y canceló 14 programas estatales, anunciando racionalización de gastos que incluían la posibilidad de los despidos.

En otras palabras, a Salardi lo sacaron del cargo por haber sido un buen ministro del despacho. Quizá el único ministro que pudo haber construido un legado perdurable de la administración Boluarte: la adjudicación de obras de inversión en infraestructuras por más de US$ 35,000 millones. Lamentable desde cualquier punto de vista.

Nadie puede negar el invalorable papel de la señora Boluarte en la transición política luego del golpe fallido de Pedro Castillo. Un aporte que se resumió en un coraje para defender las instituciones democráticas que sorprendió a todos. Sin embargo, el gobierno comienza a naufragar en varios aspectos, sobre todo en la falta de una política de Estado para movilizar a las instituciones del Estado de derecho y al sector privado en la lucha contra la ola criminal. De otro lado, la salida de Salardi del sector Economía revela que al lado de la falta de una alternativa frente a la ola criminal también existe la intención de seguir gastando a diestra y siniestra acumulando una bomba de tiempo para el próximo gobierno.

Semejante estado de cosas ha generado un aislamiento del Ejecutivo extremadamente peligroso. La renuncia del Gabinete Adrianzén revela que la posición mayoritaria del Congreso ha cambiado radicalmente, señalando un punto de inflexión en el camino hacia las elecciones del 2026. Hechos que sumados al paro de transportistas horas después, en contra de la ola criminal, nos revelan que la gobernabilidad alcanzada empieza a resquebrajarse de gravedad.