Medidas urgentes para combatir la criminalidad en Pataz

Ante el abominable asesinato de trece mineros en la provincia de Pataz, la jefe de Estado anunció el lunes 5 del presente algunas medidas extraordinarias para contener la criminalidad organizada dedicada a la minería ilegal en dicha zona del país. Entre las principales, dispuso que las Fuerzas Armadas asuman el control territorial en Pataz, que se instale una base militar, el toque de queda y la suspensión de las actividades mineras por 30 días.

El control territorial a cargo de las Fuerzas Armadas será efectivo siempre y cuando el Gobierno les brinde todo el respaldo político, proporcione el marco legal adecuado que proteja al personal militar y policial de futuras denuncias y atienda los requerimientos presupuestales extraordinarios que implica una medida excepcional como ésta, ya que lo usual es que se disponga la participación de las Fuerzas Armadas “con cargo a su presupuesto”. 

En relación al establecimiento de una base militar, se necesitará que esta tenga la capacidad logística suficiente para albergar a todas las fuerzas militares y policiales que se requiera concentrar para proyectar las operaciones contra la criminalidad organizada en el área de responsabilidad asignada, para lo cual es indispensable el trabajo de inteligencia previo y coordinado entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. 

En cuanto al establecimiento del toque de queda en dicha provincia, hace bastante tiempo no se disponía esta medida con dicho nombre, desde la década de los ochenta y noventa; ya que fue reemplazada por “inmovilización social obligatoria”, que en realidad es una medida poco efectiva. El toque de queda consistirá en el impedimento del libre tránsito desde las 18:00 hasta las 06:00 horas. En caso de que se haga cumplir a cabalidad por parte de las Fuerzas Armadas, con el apoyo de la Policía Nacional, tendrá resultados positivos, por cuanto se intervendrá a cualquier persona que transite fuera de los horarios permitidos.

La paralización de toda operación minera por 30 días en la zona, según lo anunciado, tiene por finalidad facilitar la instalación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Esta medida incluye la suspensión de las actividades que se realizan en el marco del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Como se puede apreciar, es un corto lapso de tiempo para que las Fuerzas Armadas y la Policía realicen los esfuerzos necesarios para movilizar el personal, material y el abastecimiento necesario; y principalmente para que lleven a cabo las operaciones contra el crimen organizado.

Adicionalmente, la mandataria anunció que solicitará al Congreso de la República la delegación de facultades legislativas para implementar medidas urgentes en la lucha contra el terrorismo urbano, a fin de reforzar el marco legal y enfrentar con mayor eficacia estos actos criminales que hoy enlutan al país. Sin embargo, es pertinente que se haga un adecuado análisis del impacto regulatorio, para que no se planteen medidas aisladas, ya que lo que se requiere es un marco legal integral que permita combatir con éxito la criminalidad organizada y, como se mencionó anteriormente, proteger al personal militar y policial de futuras denuncias. 

Las medidas dispuestas darán resultados siempre y cuando se cumplan las condiciones expuestas; sin embargo, en caso se logre un control efectivo de Pataz, lo más probable es que se produzca el “efecto globo” consistente en que la criminalidad busque otros territorios sin presencia del Estado para realizar sus actividades ilícitas; por lo cual, es indispensable que el gobierno de turno diseñe y aplique una estrategia integral para hacer frente a las bandas criminales organizadas, muchas de estas extranjeras, que actúan en el territorio nacional y que pugnan por el control de las economías ilícitas como las que se producen en La Libertad, en las cuencas de los ríos Putumayo, Ucayali, Madre de Dios; en Pichis Palcazu, por citar algunas; donde no solo se presenta la minería ilegal, sino también el tráfico ilícito de drogas, de madera, entre otras. 

Este es el principal desafío, junto a la inseguridad ciudadana, que afronta el país en lo que respecta a la seguridad interna. En caso el gobierno actual no logre tener éxito en este esfuerzo, quien asuma el poder el 28 de julio del 2026 deberá asumir este reto.