Perú: en estado de extorsión y no de excepción

En los últimos meses la delincuencia y el crimen organizado han penetrado en el Perú de manera más evidente. Ante un Estado inoperante, la indiferencia oficial provoca protestas y rechazos que evidencian la falta de un rumbo claro y de resultados concretos, lo que afecta a todos los peruanos.

La extorsión no es nueva en el Perú, pero su auge actual plantea una pregunta crucial: ¿cómo lograr que el Estado priorice el bienestar ciudadano? Para entender este desafío, es fundamental analizar las causas subyacentes de esta problemática. 

Esta afirmación se basa en la exposición de figuras como los "mochasueldos" en el Estado y otras autoridades que, bajo diversos modus operandi, ejercen la extorsión. Esta paradoja —que quienes la practican son los mismos que pretenden combatirla— socava la confianza en el sistema y dificulta su erradicación. Esta corrupción institucional, que erosiona la confianza en el Estado, crea un terreno fértil para el florecimiento de la extorsión y otras formas de criminalidad

Para superar la extorsión en el Perú, que no solo implica dinero sino coerción, es necesario reconocer que el Estado, en todos sus niveles, reproduce estas prácticas. Solo así podremos transformar la realidad.

Esta situación podría revertirse si apartamos del poder a aquellos personajes que han perjudicado al Perú. Hay que impedirles volver a ejercer la influencia que les otorgamos democráticamente y que, por el mismo medio, podemos retirar.

Es crucial reconocer nuestra propia responsabilidad: los peruanos hemos contribuido a esta situación, a menudo eligiendo líderes poco preparados, movidos por el resentimiento e indiferentes ante el saqueo de nuestro país, dejándonos seducir por una narrativa de "justicia social" y "honestidad" vacía. Ese descuido nos costó caro: fuimos despojados de nuestros recursos.

Hoy, pese a las crecientes manifestaciones y demandas ciudadanas por paz y estabilidad, el Estado parece ignorar la situación y contribuye al auge de la extorsión, que genera incertidumbre, rabia y frustración.

Esperemos que esta experiencia nos impulse a tomar conciencia sobre el país que deseamos. Hay una necesidad urgente de reconocer la importancia del voto y el deber de proteger a los más vulnerables de los engaños de políticos que, con un discurso distorsionado de justicia social, solo traen caos, precariedad e inoperancia estatal.

En 2026 tendremos una nueva oportunidad para construir un país donde la justicia y la prosperidad sean una realidad para todos. Que no sea una promesa en un saco vacío.