El reglamento de las oenegés, ¿para cuándo?

En el Perú las leyes que no se reglamentan pierden vigencia con el transcurso del tiempo y los hechos. Ejemplos innumerables existen. En el caso de la ley, aprobada por el Congreso, que incrementa las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en el control de los recursos externos de las oenegés empieza a suceder algo parecido, porque el Ejecutivo, el poder del Estado encargado de reglamentar las leyes, no se da por enterado y la demanda nacional por una ley que controle los efectos negativos que han causado las oenegés en las últimas décadas parece haber remitido con la aprobación de la señalada norma.

Si el presidente de la República, quien –de acuerdo con el artículo 118 de la Constitución– se encarga de reglamentar las leyes a través de decretos, no reglamentara la señalada ley, entonces cabría repetir el aserto nacional acerca de que “hecha la ley, hecha la trampa”.

En las últimas décadas en el Perú las izquierdas y el progresismo buscaron a cualquier costo debilitar el sistema de partidos y convertir a los partidos políticos en organismos supeditados a otros actores de la vida pública. No solo se relajaron las condiciones de recolección de firmas para inscribirse en el sistema electoral –generando la devastadora fragmentación política que se expresa en la posibilidad de tener 40 candidatos– sino que se redujo al mínimo la posibilidad de que el sector privado financie a los partidos (medida que ha cambiado en parte por una reciente decisión del Congreso). Se inventaron todo tipo de normas y reglamentos para debilitar la llamada partidocracia, que es el único modelo de gobierno que funciona en los sistemas republicanos, mientras se desarrollaba una brutal judicialización de la política para eliminar a todos los movimientos anticomunistas.

Toda esta tendencia en contra de los partidos sucedía en tanto nadie se atrevía a supervisar la actividad de las oenegés, algo que suele hacerse en todas las democracias consolidadas. Vale anotar que, en la democracia, los partidos son controlados por los electores que, incluso, pueden desaparecer a los partidos con el voto de castigo. Asimismo, las empresas son fiscalizadas por los consumidores que suelen quebrar empresas ineficientes. En este contexto, ¿quién controla a las oenegés?

En las últimas décadas las principales políticas públicas fueron desarrolladas por oenegés controladas por corrientes de izquierda, progresistas y neocomunistas. Bajo esta influencia se han desarrollado todas las narrativas y políticas públicas que han bloqueado la inversión privada en minería y agricultura, por ejemplo. El sector minero se convirtió en un campo de batalla por las leyendas y mentiras que organizaron las oenegés anticapitalistas. Y en el Estado se sobrerregularon los procedimientos de tal manera que se volvió imposible invertir en el sector (los procedimientos se incrementaron de 15 a más de 265 para detener a “las mineras explotadoras”). Algo parecido sucedió con las campañas en contra de la agroexportación –uno de los sectores que más crecía en la economía nacional y reducía la pobreza– hasta que, finalmente, se derogó la Ley de Promoción Agraria.

Un empresario de mucha visión suele sostener que, con tres grandes proyectos hídricos y dos o tres mega inversiones en minería, se podría alimentar a todos los peruanos. No le falta razón. Sin embargo, los principales enemigos de estas posibilidades son las oenegés anticapitalistas –caretas de las izquierdas nacionales– que han construido todos los relatos y fábulas en contra de la inversión recibiendo fondos externos que, en muchos casos, provienen de los competidores externos del país: empresas que no quieren más producción de cobre mundial ni más agroexportaciones para evitar la competencia planetaria.

Las estrategias antipatriotas de las oenegés –envueltas en argumentos risibles como la participación ciudadana–, entonces, no tienen control del sistema institucional nacional más allá que sean financiadas por los competidores del país. En este contexto, la necesidad de reglamentar la reciente ley aprobada que incrementa las funciones de la APCI en el control de los recursos externos de las oenegés es asunto de urgencia nacional.