Ejecutivo no se atreve a reglamentar ley sobre oenegés

Desde una semana atrás se venía informando que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, iba a promulgar el decreto supremo que reglamenta la ley que incrementa las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en el control y vigilancia de los recursos externos que reciben las oenegés. Se informaba que el mencionado reglamento ya había pasado todos los controles e informes respectivos; e igualmente, el reglamento de sanciones e infracciones por incumplimiento de la señalada norma.

Sin embargo, los días pasan y el Gobierno no promulga las mencionadas normas, generando espacio para las especulaciones. Una de ellas señala que el Ejecutivo, particularmente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, existe la voluntad de postergar para las calendas griegas la promulgación de los reglamentos indicados.

Eso sería un grave error, considerando que la ausencia de control y fiscalización de los recursos que las oenegés reciben del exterior es una de las causas de la crisis del sistema político y la institucionalidad. Un ejemplo inmediato: la Corte IDH acaba de emitir una resolución ordenando al Estado peruano que no aplique la ley de amnistía a los soldados del Perú, acusados de hechos sucedidos entre 1980-2000 y que carecen de sentencia firme. A nuestro entender el pronunciamiento de la Corte IDH no tiene ningún sustento jurídico, porque invoca el tipo de delitos de “lesa humanidad” en las imputaciones, que no existía antes del año 2002. 

Asimismo, el pronunciamiento de la Corte IDH –que pulveriza los derechos humanos de nuestros soldados perseguidos por más de cuatro décadas, incluso, hasta la muerte– se fundamenta en los relatos y mentiras de las corrientes comunistas y de las oenegés de DD.HH. y, en la práctica, hace trizas la vigencia de la Constitución de 1993: ordena que el Estado no aplique una ley aprobada en el Congreso. La Corte IDH, entonces, se constituye en tutora de la democracia peruana.

No reglamentar la ley de oenegés, en la práctica, es aceptar este estado de cosas, porque las oenegés de izquierda han desarrollado un total libertinaje para recibir fondos y destinarlos a diferentes objetivos con la más absoluta discreción. Algo parecido ha sucedido con las oenegés vinculadas a la minería, a las agroexportaciones, la pesca y otras actividades económicas. En casi todos estos sectores las oenegés han desarrollado campañas e iniciativas que favorecen a los competidores del Perú en los mercados del mundo. En otras palabras, las llamadas oenegés han trabajado para los adversarios comerciales del país. ¿No es urgente y necesario, pues, reglamentar la ley sobre oenegés para establecer mecanismos de control sobre los recursos que reciben estas entidades del exterior? El asunto parece más que evidente.

La necesidad de incrementar las funciones del Estado sobre los recursos del exterior que reciben las oenegés se vuelve superlativa cuando se constata que, en las últimas décadas, el mismo sector que se opone al control de estos recursos promovió abiertamente la sobrerregulación del control de los partidos políticos y de las empresas. ¿Cómo se puede entender esta esquizofrenia? ¿Qué tienen las oenegés que demandan libertinaje total, mientras promueven la sobrerregulación de los partidos y de las empresas en el Perú, entidades fundamentales en la organización de una república?

En el caso de los partidos, incluso, a través del referendo de Martín Vizcarra, en la práctica se restringió el financiamiento privado de los partidos para establecer el casi exclusivo financiamiento estatal. Si bien esta situación ha cambiado parcialmente con las reformas del Legislativo, igualmente la burocratización del Estado de los últimos años se ha gestado para bloquear la inversión privada y la iniciativa ciudadana.

Todo indica que en la demanda de libertinaje para las oenegés está la decisión y voluntad de crear una aristocracia de las políticas públicas sin controles institucionales. Algo más. Cuando se sobrerregula a los partidos y las empresas, y se exige libertinaje para las oenegés, en la práctica se propone un sistema en el que gobiernen entidades que no presentan programas a la ciudadanía ni están obligadas a ganar elecciones ni a someterse al escrutinio ciudadanos. Es decir, se propone gobernar a través de las oenegés.