Doblez ambientalista

Antimineros peruanos participaron en el Congreso Internacional: Resolución de Conflictos e Industrias Extractivas, Justicia Global y derechos humanos, realizado la semana pasada en Bogotá (Colombia). Allí expusieron lo que llaman “el conflicto socio económico Las Bambas”. Según los ambientalistas ideológicos existe una relación asimétrica y conflictiva entre la población de Cotabambas y la empresa. Acusan a la empresa de promover una relación clientelar y dependencia de la actividad minera, y de evitar espacios de articulación y consensos. Del mismo modo denuncian la continuación del estado de emergencia en la zona minera.

En la provincia de Cotabambas (Apurímac) la compañía Minerals and Metals Group (MMG) ha consolidado el megaproyecto La Bambas, que le agrega más del 1% al crecimiento del PBI nacional. En Apurímac, entre el 2006 y 2015 la pobreza se redujo de 75% al 39%. El aporte de la minera a la región ha generado US$ 45 millones en regalías por el compromiso de pagar el 3% de sus ventas, independientemente del 32% del correspondiente impuesto a la renta. Además, el distrito de Challhuahuacho recibió en 2016 unos US$ 40 millones por regalías, cantidad que representa más de 20 veces su presupuesto regular. Entonces, ¿cuál es la razón de la conflictividad que aducen los activistas radicales?

En Colombia los antimineros pretenden hacerle creer a su auditorio internacional que en el Perú el Estado no vigila las normas que regulan la participación de las inversiones mineras y que las empresas actúan como les da la gana. Eso no es cierto: en Perú hoy se hace una minería acorde con los índices más altos de protección del medio ambiente, trabajo y derechos humanos. Los antimineros desarrollan un doble discurso. Por un lado, exigen que las mineras participen del desarrollo social y económico de las zonas de influencia minera. Piden que los trabajadores y los bienes y servicios sean contratados en los poblados donde se establecen. Y cuando las mineras lo hacen, las acusan de “promover una relación clientelar y dependencia de la actividad minera”. Llaman alegremente “relación asimétrica y conflictiva” a la existente entre la población y la empresa, cuando es todo lo contrario. Las mineras constantemente realizan prolongados procesos informativos con el fin de dar a conocer a la población todos los detalles de sus proyectos. Eso se llama “simetría informativa”; en otras palabras, todos los pobladores tienen la libertad de opinar objetando o valorando lo que se les muestra en los talleres informativos. Allí los pobladores pueden plantear las modificaciones que crean convenientes.

El Estado peruano se vio en la obligación de promulgar una declaratoria de emergencia el 2017 en los distritos de Challhuahuacho, Haquira y Mara, de la provincia de Cotabambas (Apurímac), por los constantes actos de violencia protagonizados por activistas radicales que impedían el libre tránsito de la población por las carreteras de la zona. Habría que preguntarle a Amnistía Internacional y a OXFAM si quienes les donan dinero para sus campañas antimineras en el Perú permitirían que un reducido grupo de revoltosos ideologizados les cerrara las calles que conducen a sus lujosas oficinas.

No es necesaria mayor investigación para saber que el propósito de tal publicación encierra clarísimos intereses económicos. Por un lado, hacerle el juego a los comercializadores de minerales internacionales, a quienes les conviene detener la producción peruana para obtener ventajas de la oferta y la demanda del mercado de minerales. Y por otro lado, para justificar los fondos que reciben de los países del primer mundo. Doble moral de los oenegistas antimineros. Piden dinero para sus actividades antisistema en los países del primer mundo, en donde todo es promercado y proempresa. Y aquí desprestigian a las empresas y al mercado.