Corte IDH: ¡Perú es una colonia y no aplica la ley de amnistía! ¡Vaya!

La Corte IDH acaba de dejar en claro que es una organización que ha sido tomada y controlada por abogados politizados, vinculados a la militancia en las corrientes comunistas y progresistas, y que, en sus delirios ideológicos llegan a considerar que la llamada convencionalidad está por encima de las constituciones nacionales, las leyes soberanas de un país y de los propios criterios de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En un acto que sobrepasa cualquier atribución, la Corte IDH acaba de ordenar “que las autoridades competentes se abstengan de aplicar la Ley N°. 32419, ley que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y funcionarios del Estado que se encuentren sin sentencia firme por hechos vinculados con la lucha contra el terrorismo en el periodo 1980-2000”. Por otro lado también fomenta la anarquía institucional y la destrucción del Estado de derecho cuando señala que otros miembros del Estado (jueces, tribunales) se deben abstener de aplicar la señalada norma.

El argumento de la Corte IDH –hoy convertida en una nueva internacional de las izquierdas– es el mismo que las oenegés comunistas en el Perú: no se puede aplicar una amnistía porque se trata de delitos de lesa humanidad que no prescriben y porque existe el derecho de las víctimas a exigir justicia y la correspondiente reparación.

La Corte IDH, como las cortes estalinistas de las grandes purgas soviéticas, se zurra en el principio universal del derecho penal democrático: nadie puede ser procesado por un delito que no está previamente tipificado en la ley penal. En otras palabras, sin tipo penal claro y detallado en la ley, el Estado se convierte en totalitario y persigue penalmente a los ciudadanos de acuerdo a la voluntad del gobierno de turno. 

La Corte IDH se cree con potestad de hacer trizas este sagrado principio republicano del derecho penal. ¿Por qué? Los delitos de lesa humanidad recién se establecieron como tipo penal en el 2002 cuando el Perú firmó la Convención de Roma. Por lo tanto, todos los hechos imputados entre 1980 y el 2000 sin sentencia firme ya han prescrito y es el primer Derecho Humano (el tipo penal) que debería resguardar la Corte.

Por otro lado, no se puede invocar justicia y reparaciones luego de cuatro décadas de persecución implacable en contra de soldados y policías que lucharon contra el terrorismo comunista. No se puede invocar esos derechos a menos que se pretenda que los imputados sean perseguidos hasta la muerte, tal como sucede con los soldados hoy convertidos en ancianos, en enfermos terminales. De ninguna manera.

A inicios del 2000 cuando se aceptó inaplicar otra ley de amnistía se podía argumentar el derecho a la justicia. Hoy solo se trata de venganza y de violación de sagrados derechos constitucionales a ancianos soldados. Es más, los artículos 7 y 8 de la Convención Americana, establecen que sin un plazo razonable en los procesos no existe un debido proceso. ¿Acaso la Corte IDH nos dice que para nuestros soldados ancianos no existe debido proceso? Aterroriza el razonamiento de la Corte. El estalinismo, la voluntad de venganza comunista, salta por todos lados.

El Poder Judicial y el Tribunal Constitucional del Perú deben defender la Constitución, las leyes nacionales y el propio Pacto de San José. Un grupo de abogados ideologizados se siente con la autoridad de mandar sobre todo un Estado, sobre una república y, cargándose la Constitución nacional, señala que no se aplique una amnistía aprobada en el Legislativo.

Una intención de este tipo no puede pasar de ninguna manera. Si no defendemos nuestra Constitución, si no defendemos a los soldados que derrotaron al comunismo terrorista no tenemos derecho a vivir en libertad.