Andahuaylas, Juliaca y el Estado desbordado

Las ciudades más violentas del país, después de Lima y Trujillo

De pronto, dos de las principales ciudades del sur peruano han iniciado masivas protestas por la ola de inseguidad ciudadana. Estas movilizaciones han sido respaldadas por un amplio sector de la población local y han puesto en jaque a las autoridades locales y al Estado en su conjunto. El Ejecutivo ha tenido que declarar ambas ciudades en emergencia y así recuperar la autoridad perdida. Desde Lima, sendas comitivas negociadoras, integradas por titulares de ministerios, conforman los equipos de diálogos con los líderes locales para levantar las acciones de protesta. ¿Qué sucede en Andahuaylas y Juliaca?

En ambas ciudades las organizaciones civiles —sociales y productivas— han llamado a una protesta general en contra de la ola criminal que amenaza la convivencia social. Además en Andahuaylas los sectores organizados de la población exigen que las autoridades locales —el alcalde y los regidores de la ciudad— sean investigadas porque habrían incurrido en delitos de corrupción y lavado de activos. A semejante escenario se debe agregar la última encuesta publicada, titulada “Lima, cómo vamos”, en la que se señala que la percepción de inseguridad se incrementó de un 49,7% en el 2010 a 68,1% en el 2015, y que hay un policía para cada 1,200 personas. Se debe añadir también que en los últimos cinco meses el nuevo gobierno pepekausa ha avanzado de forma lenta las propuestas para mejorar la seguridad en el país.

En diversas ciudades, provincias y distritos del Perú las organizaciones criminales han comenzado a imponer un orden del delito mediante el robo, los asesinatos, el cobro de cupos y diferentes modos de extorsión. De una u otra manera, el Chicago de los años treinta, que se aterraba ante Al Capone, parece volver a nuestras ciudades. Lo que sucede en Andahuaylas y Juliaca es el nítido síntoma de un Estado desbordado e incapaz de poner orden y otorgar un mínimo de seguridad a los ciudadanos. Si el Perú sigue por ese camino se dirige, como suele decirse, hacia el abismo.

Andahuaylas se ha convertido en un paso importante del narcotráfico que sale de la zona del VRAEM y centro de lavados de activos de la sierra sur. En la ciudad han florecido negocios pujantes y un gran dinamismo económico. Pero los asesinatos entre delincuentes dedicados al traslado de droga (mochileros) se dan a diario. Varias de sus autoridades locales son acusadas de supuestos delitos ligados al narcotráfico, como el lavado de activos. Se dice que su alcalde gastó en la campaña política más de S/. 5 millones, para una ciudad con una población de 25,000 electores. Los organizadores de las protestas exigen la presencia de comité de la Contraloría General designado directamente desde Lima.

En Juliaca, las protestas tiene como origen el clima de inseguridad que se vive en la ciudad. Según cifras de la Policía Nacional del Perú, Juliaca es la tercera ciudad más violenta del país luego de Trujillo y Lima. ¿Alguien podría vivir en estos paraísos de la inseguridad?

El gobierno pepekausa no podrá marchar adelante si es incapaz de resolver el gravísimo problema de la ola criminal. Las reformas en el Estado son urgentes y vitales, y deben llevarse a cabo antes de que el Perú se convierta en mapa de protestas ciudadanas. Estamos frente al desborde social de la criminalidad que amenaza la convivencia del país.