No hay reforma sin principio de autoridad en la escuela

El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori se ha propuesto restablecer el principio de autoridad en el sistema educativo. La restricción del uso de celulares durante las actividades escolares y los lineamientos presentados para fortalecer la disciplina y las facultades de directores y maestros expresan esa orientación. La respuesta frente al paro del Sutep del 29 de octubre sigue esa línea: desde el Minedu se declaró improcedente la convocatoria y se anunciaron descuentos por el día sin trabajar. La autoridad que se busca recuperar frente al alumno compromete también al docente.

El paro fue convocado para reclamar acuerdos laborales pendientes, mayor presupuesto educativo y la reglamentación de las pensiones de maestros cesantes y jubilados. Desde el Minedu se determinó que la convocatoria incumplía requisitos legales y, mediante el comunicado N.° 12-2026-Minedu, se dispuso reportar las inasistencias en 24 horas para aplicar descuentos y evaluar responsabilidades administrativas. La medida tiene respaldo en el artículo 40 de la Ley de Reforma Magisterial, donde se establecen los deberes de asistencia, puntualidad, planificación, enseñanza y evaluación.

El balance permite apreciar el resultado de esa firmeza. Desde el Minedu se informó que más del 95% de los profesores cumplió sus labores el 29 de octubre. Según ese reporte administrativo, la paralización fracasó rotundamente en su propósito de interrumpir de manera generalizada las clases. El Gobierno preservó la autoridad en la escuela pública y la mayoría de los maestros permaneció con sus alumnos. Corresponde completar ese balance con las inasistencias verificadas, los descuentos ejecutados y las medidas de recuperación de clases.

Nunca existirá reforma de la escuela sin principio de autoridad. Para el inicio escolar de 2026, desde el Minedu se registraron más de 430,000 docentes en aulas públicas, entre ellos más de 291,000 nombrados y más de 138,000 contratados, junto con 55,000 directivos y 25,000 auxiliares. Los directores verifican la asistencia, las UGEL procesan los reportes y las áreas de remuneraciones ejecutan los descuentos. Aplicar correctamente esa cadena protege al profesor responsable, permite corregir errores y evita que las disposiciones ministeriales terminen archivadas.

La recuperación de la autoridad adquiere sentido educativo cuando protege el aprendizaje. En los resultados de la ENLA 2025, difundidos desde la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, se identificaron mejoras en lectura y matemática en cuarto de primaria de las escuelas públicas, especialmente rurales. También se encontró una relación entre mayor satisfacción con el acompañamiento pedagógico, retroalimentación docente y mejor desempeño estudiantil Estos hallazgos refuerzan la necesidad de aulas ordenadas y maestros preparados.

La exigencia profesional compromete igualmente al Estado. Desde el Minedu se informó que para 2026 se destinaron S/ 813 millones a asignaciones y bonificaciones para más de 200,000 docentes y auxiliares que trabajan en condiciones especiales, incluidas zonas rurales, de frontera y del VRAEM. Estos recursos deben acompañarse de materiales oportunos, capacitación pertinente y directores capaces de supervisar. Cumplir los compromisos con quienes enseñan en condiciones difíciles fortalece la legitimidad de la exigencia estatal.

La reforma debe conectar ese respaldo con nombramientos por concurso, evaluación del desempeño y ascensos transparentes. El artículo 24 de la Ley de Reforma Magisterial incorpora el progreso de los alumnos en la evaluación docente: corresponde observar las clases, identificar deficiencias, ofrecer acompañamiento y comprobar mejoras. La meritocracia gana contenido cuando el dominio de la materia, el cumplimiento de funciones y la capacidad de enseñar abren oportunidades profesionales.

La respuesta frente al paro deja una señal que debe sostenerse durante todo el calendario escolar: las obligaciones del servicio público se cumplen. El Gobierno tiene ahora la responsabilidad de convertir esa firmeza en gestión permanente, con procedimientos justos y resultados verificables. Recuperar el respeto al maestro exige respaldar su preparación y su ejemplo. De esa escuela pública organizada deben surgir los conocimientos que permitan a los jóvenes trabajar, innovar y contribuir a la prosperidad del Perú.