La batalla por aulas sin distracción de celulares

El Gobierno acierta al restringir el uso de teléfonos celulares en los colegios. El Decreto Supremo N.° 018-2026-Minedu, que desarrolla la Ley N.° 32385, establece que los estudiantes de primaria y secundaria, tanto de instituciones públicas como privadas, no podrán utilizar estos dispositivos durante las actividades educativas, incluso cuando se realicen fuera del horario habitual o del local escolar. No estamos ante una cruzada contra la tecnología, sino ante una medida necesaria para recuperar la atención de los estudiantes, la autoridad de los docentes y el sentido mismo del aula.

La iniciativa nació con el Proyecto de Ley N.° 5532/2022-CR, presentado por la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo. En mayo de 2025, el Congreso aprobó el dictamen con 81 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, y posteriormente lo exoneró de segunda votación por 82 votos contra cero. La propuesta se convirtió en la Ley N.° 32385, cuyo propósito es mejorar la atención y el rendimiento escolar, reducir la sobreexposición a internet, combatir el ciberacoso y prevenir riesgos para la salud mental.

La preocupación tiene fundamento. Según PISA 2022, alrededor del 30% de los estudiantes de los países de la OCDE se distraía con dispositivos digitales durante la mayoría o la totalidad de las clases de matemática. Quienes reportaron esas distracciones obtuvieron, en promedio, 15 puntos menos que aquellos que no las experimentaban, incluso después de considerar las diferencias socioeconómicas entre estudiantes y escuelas.

Esto no significa que toda tecnología sea perjudicial para la educación. La propia OCDE reconoce que un uso moderado y orientado pedagógicamente puede contribuir al aprendizaje. El problema aparece cuando los dispositivos dejan de ser herramientas educativas y se convierten en fuentes permanentes de distracción. No es lo mismo utilizar un teléfono para consultar información o desarrollar una actividad escolar que emplearlo para revisar redes sociales, jugar, intercambiar mensajes o grabar a compañeros y profesores sin autorización.

La UNESCO registra restricciones nacionales al uso de teléfonos móviles en 114 sistemas educativos, equivalentes al 58% de los países monitoreados. El principio que orienta estas medidas es razonable: la tecnología debe ingresar al aula cuando contribuya efectivamente al aprendizaje, no cuando interfiera con él. La escuela tiene una función que no puede delegar en una pantalla: enseñar a concentrarse, leer, razonar, convivir y desarrollar conocimientos.

El reglamento peruano recoge esta distinción al contemplar excepciones para fines pedagógicos, situaciones de discapacidad o barreras educativas, problemas de salud y emergencias. El uso educativo del dispositivo requiere autorización del director o del docente y debe estar previsto en la programación curricular. Asimismo, los colegios pueden custodiar temporalmente los equipos y establecer medidas correctivas proporcionales y formativas en sus reglamentos internos, mientras que las UGEL deben supervisar el cumplimiento de la norma.

Sin embargo, aprobar una disposición legal no equivale a modificar automáticamente la conducta dentro de las escuelas. La OCDE encontró que, incluso en colegios donde existía una prohibición, el 29% de los estudiantes utilizaba el teléfono varias veces al día y otro 21% lo hacía diariamente o casi a diario. Una norma sin procedimientos claros, autoridad docente y respaldo familiar corre el riesgo de convertirse en una disposición que todos conocen, pero pocos cumplen.

Por ello, el Ministerio de Educación debe asegurar una aplicación coherente. Se necesitan procedimientos sencillos para guardar los teléfonos durante la jornada, mecanismos de comunicación para emergencias, custodia segura de los equipos cuando corresponda, capacitación en ciudadanía digital y criterios claros para responder a los incumplimientos. También es importante evaluar periódicamente los resultados sobre convivencia, asistencia e indicadores de aprendizaje. Los colegios deben conservar margen para adaptar los procedimientos a su realidad, pero no para desentenderse de la obligación legal.

Existe, además, una responsabilidad que ninguna disposición ministerial puede sustituir: la de los padres. Resulta contradictorio exigir disciplina en las aulas mientras en el hogar se permite que los menores naveguen sin límites, contacten con desconocidos o permanezcan hasta la madrugada conectados a las redes sociales. La escuela debe establecer límites durante la jornada educativa; las familias deben sostenerlos fuera de ella.

La restricción de celulares no resolverá por sí sola los problemas de la educación peruana. Pero puede contribuir a recuperar condiciones elementales para aprender: atención sostenida, convivencia directa, lectura sin interrupciones y docentes con autoridad para conducir sus clases. En un país que necesita mejorar sus aprendizajes, el derecho de los estudiantes a concentrarse y aprender debe prevalecer sobre la exigencia permanente de estar conectados. La tecnología debe estar al servicio de la educación, no la educación al servicio de la pantalla.