¡Sin autoridad no hay educación!

La presidenta Keiko Fujimori y el ministro José Antonio Chang han presentado los nuevos Lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar, una propuesta que clasifica las faltas en leves, graves y muy graves, devuelve facultades disciplinarias a directores y docentes y permite, en los casos extremos, la separación definitiva del estudiante. La norma todavía está en etapa de prepublicación; por tanto, su valor dependerá de la versión finalmente aprobada y, sobre todo, de su cumplimiento efectivo. Pero la señal política ya es importante: después de años en que el sistema confundió inclusión con permisividad, el Estado vuelve a afirmar que una escuela no puede funcionar si carece de reglas, autoridad y consecuencias claras.

El Gobierno parte de una verdad que durante años ha sido silenciada: el derecho a la educación no equivale al derecho a destruir la educación de los demás. Cuando un alumno acosa, extorsiona, agrede, porta armas, vende drogas o difunde información privada, la víctima no es solamente el compañero atacado. También lo son el maestro que pierde autoridad, la familia que deja de confiar en la escuela y todos los estudiantes que deben aprender en un ambiente de miedo. En un país donde, según la presidenta Fujimori, cerca de la mitad de los colegios está en mal estado y donde el propio Estado ha reconocido un deterioro profundo de capacidades básicas de aprendizaje, tolerar además la anarquía disciplinaria equivale a renunciar por completo a la función formadora de la escuela.

Los lineamientos consideran graves las agresiones físicas leves, la violencia psicológica, el consumo o posesión de sustancias prohibidas, los daños a la propiedad escolar y la reiteración de faltas menores. Entre las muy graves aparecen el acoso escolar, la violencia sexual, la extorsión, el cobro de cupos, la discriminación, el robo, el porte de armas y la organización de actividades delictivas. Las respuestas incluyen amonestación, reparación del daño, suspensión de hasta tres días, matrícula condicional y separación definitiva. Es una gradación razonable porque distingue entre indisciplina corregible y conductas que rompen el pacto mínimo de convivencia.

La evidencia demuestra que esto no es un problema secundario. La Unesco ha reportado que uno de cada tres estudiantes en el mundo sufrió acoso escolar durante el último mes, más de 36% participó en peleas físicas y cerca de 32% fue atacado físicamente al menos una vez en el último año. El impacto no es solo emocional: en 15 países de América Latina, los estudiantes que sufrieron bullying obtuvieron entre 9.6 y 18.4 puntos menos en matemática y entre 5.8 y 19.4 puntos menos en lectura. En otras palabras, la violencia escolar también destruye capital humano. Y un país que aspira a crecer, innovar y ampliar su clase media no puede aceptar que la escuela, en lugar de corregir y formar, se convierta en una fábrica adicional de fracaso.

Por eso debe recuperarse la jerarquía entre maestro y alumno. No se trata de humillar al estudiante ni de restaurar una relación autoritaria, sino de reconocer una vínculo indispensable: el profesor dirige, establece límites y responde por el aula; el alumno aprende, participa y respeta reglas. La igualdad ante la ley no elimina las diferencias de responsabilidad. Un liberalismo pedagógico mal enfocado terminó sospechando de toda autoridad, debilitó la capacidad de sanción y dejó a demasiados docentes expuestos ante alumnos violentos y familias que confunden derechos con impunidad.

Los sistemas serios no cometen ese error. En Singapur, el Ministerio de Educación sostiene expresamente que la disciplina forma el carácter y enseña a asumir las consecuencias de los actos; los colegios pueden aplicar detención, suspensión, servicio comunitario correctivo y otras medidas combinadas con orientación y trabajo con los padres. En Inglaterra, los directores tienen facultades para suspender o excluir definitivamente por infracciones graves o persistentes, mientras el Estado garantiza educación alternativa desde el sexto día. En Francia, además, el gobierno decidió prohibir los celulares en primaria, secundaria y collège para reforzar la atención, el orden y la convivencia. La lección es clara: los sistemas que quieren resultados no renuncian a la autoridad; la organizan, la regulan y la respaldan.

El modelo peruano debe recoger esa combinación. La expulsión tiene que ser excepcional, proporcional y sustentada en pruebas. La propuesta considera la edad, los antecedentes, el contexto, el daño, el arrepentimiento y la reparación; además, reconoce el derecho de la familia a solicitar una reconsideración. El estudiante separado continuaría mediante aulas híbridas, escuelas de reingreso, acompañamiento psicológico y otras alternativas educativas. Sancionar no significa abandonar: significa proteger a la comunidad y obligar al infractor a asumir consecuencias reales.

Pero ninguna norma funcionará si los directores temen aplicarla, las UGEL revocan decisiones por presión política o los padres justifican sistemáticamente a sus hijos. El Minedu deberá capacitar al personal, establecer protocolos probatorios, registrar incidencias y publicar resultados sobre violencia, reincidencia, asistencia y aprendizaje. El Perú no construirá una educación de calidad con escuelas dominadas por el miedo, la impunidad o la violencia normalizada. Un país que aspira a formar ciudadanos preparados, trabajadores calificados y familias capaces de progresar necesita aulas seguras, maestros respetados, padres comprometidos y estudiantes conscientes de que toda libertad exige responsabilidad. Recuperar la autoridad escolar es vital y no es sinónimo de retrocesos, es volver a poner las condiciones mínimas para que el talento de millones de niños peruanos pueda convertirse en conocimiento, oportunidades y progreso.