Importancia de plantas en formalización minera

En el Perú, durante las administraciones de Humala, PPK y Vizcarra, se ha desarrollado y mantenido una legislación que busca excluir a los mineros artesanales del proceso de extracción de minerales. Detrás de esta normatividad pareciera estar la idea de que solo la gran y mediana minería tienen un lugar en la economía formal. Gravísimo error para la democracia y la economía de mercado: en el Perú existen más de 400,000 mineros artesanales, que son un vasto movimiento social de pequeños empresarios, promercado y proinversión, que podría terminar influenciado por las propuestas antisistema debido a la marginación.

Un ejemplo de la voluntad de excluir: el Decreto Legislativo N° 1100 establece que un minero artesanal solo puede formalizarse si presenta las cinco declaraciones juradas anuales últimas, los contratos de explotación de mineral, el cálculo de las reservas probadas y otros requisitos que se exige a la gran minería. No es una broma: a los mineros artesanales se les pide los contratos de explotación, a sabiendas de su condición informal.

Pero eso no es todo. De manera sistemática la legislación y las entidades del Estado han buscado golpear a las más de cien plantas de beneficio, formales e informales, que compran la producción de los mineros artesanales y procesan el material. Nadie lo entiende. La SUNAT y la OEFA (del Ministerio del Ambiente) suelen perjudicar a las plantas porque las consideran “mineras grandes”. Para entender la magnitud de las cosas: las más de 100 plantas formales e informales procesan alrededor de 2,500 toneladas de mineral por día (TMD), mientras que una gran inversión minera puede industrializar 540,000 TMD. La diferencia es enorme.

¿Cómo se evidencia la intención de eliminar a las mencionadas plantas? Por ejemplo, en una disposición transitoria del DL 1336, promulgado por la administración PPK, se señalaba que no se consideraba pequeño productor minero a quien vendía su producción a terceros. Es decir, de un plumazo se eliminaba a las plantas y se exigía que los propios mineros artesanales procesaran su producción. Una locura. Felizmente en el Congreso se derogó esta norma y se promulgó por insistencia, ante la negativa del Ejecutivo a promulgar la modificación.

Sorprendentemente las plantas de beneficio pueden convertirse en un puente confiable entre la formalidad y la informalidad. Por ejemplo, hasta antes de octubre del 2014 las plantas se encargaban de la liquidación de compra de los productores artesanales: comparaban la producción reteniendo 4% en renta y 18% de IGV para la autoridad tributaria. La extraña tirria del ex ministro humalista Manuel Pulgar Vidal contra las plantas determinó que se cancelara este sistema de retención de impuestos. El resultado: el Estado perdió considerables recursos fiscales, sobre todo considerando que anualmente se exportan US$ 2,500 millones en oro de contrabando.

Las plantas de beneficio no solo pueden retener impuestos para la autoridad tributaria, sino que ayudarían a promover la capacitación de los productores artesanales. Un instrumento clave para eliminar el uso del mercurio en la industria minera, y también para fomentar todas las estrategias de formalización del Estado en este vasto sector social.

La posición del Estado peruano contrasta con las políticas aplicadas en los países de la Alianza del Pacífico (AP), que buscan desarrollar sus políticas mineras en armonía con la gran, mediana y pequeña minería. En el pasado encuentro denominado “II Diálogo público privado para el desarrollo de la pequeña minería en la Alianza del Pacífico”, realizado en Medellín (Colombia), los estados integrantes de la AP reafirmaron la voluntad de apoyar a la minería artesanal mediante la consolidación de las plantas. Y es que la cosa es más sencilla de lo que parece: si no hubiese plantas no habría productores artesanales, porque todos tendrían capacidad de industrializar su propio mineral. ¿O no?