El déficit fiscal, las izquierdas progresistas y el régimen agrario

Es incuestionable que la estabilidad fiscal del Perú está en aprietos luego del gobierno de Pedro Castillo y de la administración de la señora Dina Boluarte. El año pasado el déficit fiscal sumó 3.6% del PBI, no obstante que el Ejecutivo había aumentado la trayectoria fiscal del 2% al 2.8% del PBI. A este paso no sería nada extraño que las calificadoras de riesgo internacionales enciendan las alarmas con respecto a los grados de inversión conseguidos por el país a través del sacrificio de varias generaciones.

En este contexto, las izquierdas y el progresismo han lanzado una feroz campaña en contra de la posibilidad de aprobar un régimen tributario promocional en el agro que, en parte, restablezca los criterios promocionales de la Ley de Promoción Agraria, Ley 27360, vigente en las últimas dos décadas. Se arguye que sería una de las causas principales del descontrol fiscal. 

Asimismo, economistas de buena voluntad también se oponen a cualquier régimen promocional en el agro, legítimamente preocupados por el problema fiscal. Sin embargo, es necesario recordar que una de las claves del modelo implementado en las últimas tres décadas que multiplicó el PBI y redujo la pobreza del 60% de la población a 20% antes de la pandemia fue el régimen agrario. “El mejor programa social del ajuste de los noventa” fue este régimen promocional, que se propuso el regreso de los capitales al campo y la formalización masiva del empleo.

Durante la vigencia de la derogada Ley de Promoción Agraria, Ley 27360, la recaudación fiscal aumentó de S/ 97 millones a más de S/ 826 millones. En ese periodo el Estado solo habría recaudado S/ 2,200 millones, pero debido al régimen promocional se recaudó S/ 9,100 millones. En otras palabras, el Estado sumó más de S/ 7,000 millones al fisco confirmando la ley económica que a más inversión y crecimiento más recaudación.

De allí que llame la atención que un sector de profesionales y de organizaciones se compre el argumento fácil de las izquierdas y de burócratas del sector Economía y Finanzas que ahora se muestran incapaces de reducir y racionalizar el gasto público. Cecilia Villegas, en un artículo periodístico, señala que el Estado perdería S/ 20,000 millones si se aprobara el régimen promocional agrario de 15% en renta, devolución anticipada de IGV, depreciación acelerada y créditos tributarios por investigaciones, desarrollos tecnológicos y otras áreas.

El mencionado argumento tendría validez si el régimen promocional no hubiera sido validado por la experiencia de las últimas dos décadas; si representara el mismo fracaso de todas las experiencias de las zonas francas que han existido en el país. Pero ya sabemos que el Estado solo incrementó la recaudación fiscal con el régimen promocional. Por otro lado, se sostiene que luego de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, es decir hace cinco años, las agroexportaciones crecieron hasta los US$ 12,000 millones. Sin embargo, se oculta que ese incremento es nominal. Tiene que ver con precios y mercados cambiantes. ¿Por qué? Porque las agroexportaciones un número de toneladas se mantienen igual entre el 2023 y el 2024.

¿Qué significa esta realidad? Que las izquierdas y el progresismo han logrado su objetivo de detener la capitalización del campo, que solo ha llegado al 5% de la superficie agrícola; es decir, a apenas cerca de 250,000 hectáreas, cuando se tiene una superficie de alrededor de 7 millones de hectáreas. Si el régimen promocional hubiese continuado, las inversiones que sumaron US$ 20,000 millones estarían a todo vapor. No se conoce de nuevas inversiones y solo hay inversiones en mecanización en los fundos y no para contratar masivamente trabajadores formales, como sucedía antes de la derogatoria del régimen promocional.

La proyección mecánica de pérdidas del fisco que desarrolla Villegas sí se podría desarrollar con el presupuesto de los ministerios de la Mujer, del Medio Ambiente y de Cultura, que no tienen función alguna en la sociedad y solo crean sobrerregulaciones, burocracia y oficinas para detener las inversiones privadas. Ministerios que solo sirven para generar masivas consultorías y sinecuras para el progresismo. Los tres ministerios consumen alrededor de S/ 3,000 millones anuales. 

En otras palabras, en una década, con los tres ministerios, el fisco pierde S/ 30,000 millones –con tendencia al crecimiento del gasto corriente– mientras con un régimen promocional en el agro todo sería ganancia en recaudación y empleo. De allí que el debate debe diferenciar la urgencia del mediano y largo plazo y los modelos validados o no por la experiencia.